Minuto30.com-. El sistema penitenciario y carcelario en Colombia enfrenta una de las mayores crisis por culpa de la corrupción, así quedó en evidencia con la operación ‘Celdas’, en la que la Fiscalía, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Justicia y el Inpec, desarticuló redes de funcionarios del Inpec y directivos de las cárceles que estarían involucrados en sobornos para favorecer a los reclusos.
Precisamente, las dos cabezas de los principales centros carcelarios del país, La Modelo y La Picota, están vinculados a hechos corrupción. El ente acusador entregó detalles al respecto.
Inicialmente, el director de La Picota, mayor Luis Francisco Perdomo, fue capturado el 27 de septiembre de 2018, con $20’000.000 en efectivo que corresponderían al pago hecho por los familiares de un extraditable a quien, supuestamente, favorecería con visitas no avaladas por el reglamento del penal.
El funcionario fue judicializado y recibió medida de aseguramiento en cárcel por los delitos de concusión en concurso homogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares en calidad de autor.
En los próximos días, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará al mayor Perdomo los mismos delitos (concusión y enriquecimiento ilícito), por nuevos actos de corrupción que están documentados y serán presentados en audiencia pública ante un juez de control de garantías de Bogotá.
Hoy, gracias al material probatorio recaudado, investigadores del CTI de la Fiscalía realizaron diligencias de registro y allanamiento en la localidad de Puente Aranda y en distintos puntos del norte de Bogotá. En los procedimientos judiciales fue capturado el director de la cárcel La Modelo, coronel del Inpec César Augusto Ceballos Giraldo, y otras cuatro personas que habrían diseñado un esquema de corrupción para conceder beneficios a los reclusos, permitir el ingreso de drogas y otros elementos restringidos por el sistema penitenciario o avalar visitas en horarios no autorizados.
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El material recopilado da cuenta que, una vez ingresaba un detenido a la cárcel, el director de La Modelo hacía un estudio para establecer la capacidad socioeconómica del interno y definir el patio al que podía ser enviado. Por ejemplo, en el patio tres eran ubicadas las personas con más dinero y, presuntamente, debían pagar 3 millones de pesos mensuales por su permanencia en ese lugar. Al parecer, ante cualquier incumplimiento en las ‘cuotas’ fijadas, los reclusos eran trasladados y, supuestamente, no les garantizaban su seguridad.
Los testimonios y la evidencia técnica en poder de la Fiscalía permitieron conocer que los sobornos eran entregados al conductor del director la cárcel La Modelo o a uno de sus escoltas. En otras oportunidades, los familiares de los reclusos llevaban los pagos a la casa de ‘el Paisa’, un hombre que pertenecería a la red de corrupción y tenía un inmueble frente a la cárcel.
La fiscal de conocimiento estableció que algunas residencias y bodegas en la localidad de Puente Aranda servían como lugares de almacenamiento de drogas, artículos lujosos y otros elementos que, con complacencia de algunos funcionarios del Inpec, eran ingresados ilegalmente a determinados reclusos.
La investigación puso al descubierto una especie de tarifario que habría sido impuesto por el personal del Inpec hoy investigado y los particulares que estarían vinculados a las irregularidades detectadas. Por ejemplo:
Por los hechos ilícitos detectados, la Fiscalía capturó a:
En las próximas horas, los cinco capturados serán llevados a audiencias concentradas ante un juez de garantías por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Cabe resaltar que durante los registros y allanamientos en las inmediaciones de La Modelo, los investigadores del CTI de la Fiscalía incautaron droga, especialmente marihuana, cerca de 9 millones de pesos en efectivo y otros elementos que están en proceso de conteo y valoración.
Adicional a las capturas realizadas el día de hoy por los hechos de corrupción detectados en la Cárcel La Modelo de Bogotá, recientemente fue desarticulada lo que sería una organización criminal que, al igual que lo detectado en La Modelo, tenía a su servicio casas y bodegas para recibir ‘encargos’ o ‘encomiendas’ que eran ingresados ilegalmente al centro penitenciario con la supuesta ayuda de algunos guardianes.
Según la investigación, también existía un esquema de tarifas por beneficios otorgados a los reclusos, entre ellos, visitas, traslados, etcétera. Aquí, al parecer, funcionaba el tarifario, que tenía algunos valores como:
Todos estos valores fueron conocidos gracias a cientos de horas de audios que corresponden a las conversaciones en las que los integrantes de la red criminal negociaban desde servicios sexuales hasta traslados.
Por estos hechos, fueron capturados cinco guardianes:
Y los particulares:
Estas ocho personas fueron presentadas en audiencias concentradas y judicializadas. A los guardianes les imputaron cohecho propio y concierto para delinquir; mientras que a los particulares les formularon cargos por cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.
Los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
En desarrollo de la operación ‘Celdas’, la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, en un trabajo coordinado con la Policía y Ejército, realizó una jornada de verificación de cumplimiento de las medidas de aseguramiento domiciliarias impuestas a procesados.
Según el Inpec, en Colombia 60 mil personas son beneficiadas con detención domiciliaria y la Fiscalía revisó el estado de 782 de ellas. Estos fueron los resultados:
Las personas involucradas en estas irregularidades son procesadas por delitos como: homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, receptación y hurto calificado y agravado.
De otra parte, la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía solicitó en la última semana, 10 audiencias de imputación de cargos y tres órdenes de captura contra funcionarios del Inpec por algunos de los siguientes delitos:
“La crisis del sistema penitenciario y carcelario no da más espera, es el fracaso de la política criminal”, dijo al respecto Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la Nación.
Foto: Fiscalía
Foto: Fiscalía
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