Opinión

Reforma a la justicia II

Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, todo el mundo la tiene clara: el peor problema que tiene Colombia y que, además, genera otros no menos importantes, es la falta de justicia, la inoperancia de una Rama Judicial del Poder Público, que terminó por afectar el normal funcionamiento de las demás. La ecuación es sencillísima: si la justicia no opera adecuadamente, la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico y todos los demás delitos contenidos en nuestro ordenamiento penal (que se han vuelto flagelos incontrolables) se exacerban porque sus autores saben que el brazo de la ley no los alcanzará, ya sea por desidia y paquidermia, ya sea por la compra de conciencias.

Si el problema salta a la vista y es evidente en el nivel gubernamental y en el social, ¿por qué demonios no se ha resuelto?, ¿por qué no hay solución a la vista? La respuesta es obvia: a muchos de los que hacen parte de ese monstruo de mil cabezas en el que se convirtió la justicia no les interesa perder sus privilegios, tantas gabelas y esa “libertad” que les procura la oscura zona en la que se mueven, medrando por intereses particulares, de espaldas a la ciudadanía y en detrimento de la institucionalidad. También hay decenas de políticos trabajando para que las cosas sigan igual, porque tienen amigotes enquistados en el poder judicial, que “blindan” fechorías y ayudan a perseguir a contradictores. Este, pues, es un maridaje perverso y despreciable que tiene que cesar por el bien de la República.

En otras palabras, entre más caos haya, cuanto más enrarecido esté el ambiente, aquellos que hacen de la justicia una meretriz, a la que ultrajan cuando les apetece, encontrarán el caldo de cultivo apropiado para hacer de las suyas, ante la mirada indolente de una sociedad que se acostumbró a la injusticia y que muchas veces por miedo calla. Algo es seguro: cuando el monstruo que hemos dejado crecer a ciencia y paciencia devore todo a su paso, irá por todos aquellos que guardaron silencio ante los atropellos y calmará por momentos su delirante apetito. El leviatán de la injusticia es insaciable y, como un enjambre de langostas, arrasará lo que se tope, hasta llegar a los cimientos de la democracia, y entonces será demasiado tarde para reaccionar.

Hace varios días lancé, en este mismo espacio, algunas de las propuestas que considero necesarias para superar la peor crisis de la justicia en la historia republicana de Colombia. (https://www.sincensura.co/single-post/2018/09/01/REFORMA-A-LA-JUSTICIA-I). Aquí les dejo otras:

Unificación de todas las altas cortes. En la práctica tenemos 3 Cortes Supremas: la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Cada una con un criterio de “interpretación” diferente, con unos celos enfermizos entre ellas y toda suerte de problemas. De ahí vienen los sonados “choques de trenes”. En los países serios, solo hay una alta corte, que tira línea y sienta precedentes, que no pueden ser modificados por otra instancia. Eso está inventado y se llama seguridad jurídica.
La calidad jurídica, la condición humana y la solvencia moral de magistrados, jueces y fiscales debe ser sopesada más allá de toda duda razonable. Propongo a la usanza norteamericana, una exhaustiva investigación de inteligencia antes del nombramiento formal de los mismos.
Prohibición para aspirar a cargos de elección popular o puestos públicos, para los funcionarios judiciales, hasta 5 años después de haber dejado la actividad jurisdiccional.
Creación de una gerencia administrativa moderna y estructurada de la Rama Judicial, a fin de garantizar la independencia y el adecuado manejo de los recursos.
Reforzamiento de la policía judicial y consecución de recursos. Hoy en día un solo investigador atiende 300 procesos. Imposible dar resultados así.
Aumentar los requisitos y los sueldos para los cargos por proveer en la Rama Judicial. La justicia no puede ser un “recicladero” de mediocres; debe ser la cuna de los mejores.
Hay que dignificar las sedes judiciales. Es menester invertir en infraestructura para darle a la justicia la majestad necesaria para despertar en el administrado respeto y admiración.
Hay que regular la prueba testimonial: demasiados procesos fallados con base en testimonios nada más. ¡Tenebroso!
Fortalecimiento del programa de protección de víctimas y testigos.
Ya lo dije antes, pero vale la pena mencionarlo otra vez, porque precisamente esta es una de las causas de la politización de la justicia colombiana: ningún funcionario judicial, de ningún nivel, puede participar en la escogencia de otros funcionarios.
Es urgente eliminar la comisión de acusaciones, para crear un tribunal de aforados. No hay nada que desboque más a un ser humano que saber que no tiene juez que controle sus excesos.

A veces, la única manera de controlar el cáncer es extirpando uno o varios miembros. La justicia en Colombia es una feria de las vanidades y de la politiquería; no podemos dejar que la “metástasis” avance. Para darle la vuelta a este desolador panorama, el Gobierno debe empalmar criterios con la bancada que lo apoya en el Congreso: es determinante mandar un mensaje cohesionado, en cuanto a lo que se pretende y busca. Esto es con una Constituyente, guste o no.

La ñapa: Daniel Samper se ufana de maltratar con sus burlas de mal gusto y poca gracia a niños y mujeres. Nada distinto puede esperarse de un sujeto tan despreciable.