Rechazo a la ilegalidad y defensa de la democracia

Las multitudinarias marchas del pasado 7 de agosto, no tienen antecedentes en la historia de Colombia, y fueron manifestación viva, cívica y sentida del agradecimiento y la gratitud de la nación, con un gobernante que restituyó el orden, la seguridad, la tranquilidad y la esperanza.

Si bien lo que motivó las marchas fue la infundada sentencia condenatoria que profirió la señora juez Sandra Liliana Heredia contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez luego de un juicio plagado de irregularidades e ilegalidades, la respuesta masiva de la sociedad ante tamaños desvaríos judiciales, vivificó el profundo afecto de la nación por la democracia, el espíritu republicano que habita en cada colombiano, la defensa del Estado de Derecho y la exigencia que la justicia no sirva instrumento de la política.

Si bien el fallo de la señora juez Sandra Liliana Heredia merece respeto y goza de presunción de legalidad, como todas las decisiones y sentencias de los jueces, la ciudadanía, la comunidad jurídica, la academia y las mismas autoridades judiciales, no pueden guardar silencio y dócilmente plegarse ante tanto despropósito y atropello.

Si alguien o algo terminó perjudicado con las inexcusables tropelías de la señora juez Sandra Liliana Heredia, fue la justicia, por verse ensombrecida y seriamente comprometida su autonomía, independencia y neutralidad, así como por la violación manifiesta de las garantías procesales.

La Rama Judicial no puede permitir que una juez enceguecida por la pasión y movida por la animosidad, dicte una sentencia condenatoria sin evidencia alguna de responsabilidad del procesado, y con ello mancille la majestad, el decoro, la dignidad y la autoridad de jueces, magistrados, juzgados, tribunales y cortes.

Lo actuado por la juez Heredia merece el más severo rechazo, repudio y condena, y, probablemente, su remoción. Sus decisiones no fueron el resultado de errores, equivocaciones o yerros; no, sus actuaciones fueron deliberadas, y no siendo poco, además, de carentes de fundamentos legales, valor probatorio y argumentos jurídicos, fueron, irónicas, irrespetuosas, sarcásticas y provocadoras.

Es por eso que ahora, la defensa técnica del ex presidente Álvaro Uribe Vélez tiene la oportunidad de controvertir, rebatir y desvirtuar, cada una de las valoraciones, de las prédicas y de las contraevidentes decisiones adoptadas por la juez Heredia, y, lo más importante, solicitar al honorable Tribunal Superior de Bogotá que, además de revocar en un todo la infundada sentencia de la juez Heredia, establezca un precedente judicial que marque un hito en la historia judicial de Colombia.

Y es que el honorable Tribunal Superior de Bogotá, tiene una oportunidad inestimable y, ojalá, irrepetible, para fijar una posición ejemplarizante, de manera que en Colombia:

1. Nunca jamás, se vuelva a negar el libre acceso a la justicia;

2. Nunca jamás, se vuelva a violar el derecho constitucional al debido proceso;

3. Nunca jamás, se intente juzgar a alguien, desatendiendo las leyes preexistentes al acto que se le imputa, valiéndose de tesis o doctrinas foráneas ajenas el ordenamiento legal interno, las que por ser inaplicables son inválidas;

4. Nunca jamás, se permita que -así sea por tránsito de legislación- una persona indiciada se convierta en sindicada, en razón a que con ello se viola el principio de favorabilidad de la ley penal;

5. Nunca jamás, se vuelva a burlar el precepto constitucional que establece que es nula, de pleno derecho, toda prueba obtenida con violación del debido proceso, como lo hizo la juez Heredia;

6. Nunca jamás, se vuelva a quebrantar el derecho constitucional al secreto profesional, como sucedió en el proceso;

7. Nunca jamás, se vuelva a transgredir el principio fundacional del derecho penal, como es el de presunción de inocencia, el que legalmente se define: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”. La señora Juez, las supuestas víctimas y algunos medios, no han cesado de infringir este precepto;

8. Nunca jamás, se permita invertir la carga de la prueba, de manera que sea la fiscalía la que deba probar la responsabilidad del procesado, y no el procesado quien deba probar su inocencia, como de hecho, esto último, sucedió en el proceso;

9. Nunca jamás, se vuelva a contravenir el principio “in dubio pro reo”, de manera que, como la ley lo prescribe, toda duda razonable que se presente en un proceso, se resuelve en favor del procesado;

10. Nunca jamás, se permita que un juez se burle del sistema oral, al tomarse la libertad de anunciar el sentido de una sentencia, mediante la lectura de un documento dislocado, enrevesado e inapropiado de más de 1.000 folios;

11. Nunca jamás, se condene a un procesado sin demostrarse de manera cierta e irrefutable su responsabilidad en la comisión del delito del que se le acusa; y, lo más importante;

12. Nunca jamás, se profiera una sentencia condenatoria sin existir pleno convencimiento y certeza, derivadas de pruebas irrefragables, en cuanto a la responsabilidad penal del acusado.

Al final del proceso quedó claro que, ni valiéndose de pruebas ilegalmente obtenidas, la fiscal y la juez, pudieron probar la responsabilidad del ex presidente Uribe.

Como lo manifesté la semana anterior, lo ocurrido en las dos audiencias finales del proceso, fue francamente vergonzoso, lo que empequeñece la administración de justicia, y socava su transparencia y autoridad, y, además, envía un mensaje equívoco a la sociedad.

No extraña que, notables exmagistrados, prestigiosos juristas, y encumbrados académicos y catedráticos al unísono, consideren que tanto la manera como se surtió el proceso, y la forma en que se sentenció, contraviene abruptamente el ordenamiento constitucional y legal, y violenta principios y normas procedimentales, como son las que regulan el debido proceso, el secreto profesional, la presunción de inocencia, la carga de la prueba, y el más importante, la presencia obligatoria de convicción y certeza, como condición para poder imponer una condena, y solo con fundamento en hechos probados.

En el juicio del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, antes que probarse su responsabilidad, su defensa técnica probó su absoluta inocencia.

No hay peor delito que el de administrar justicia de manera selectiva, sesgada y parcializada, y eso es lo que, al parecer, se consumó en este proceso, tal y como la nación lo presenció, y en el que, al parecer, se cometieron más delitos que el que infructuosamente -por no haberse cometido- se intentó probar.

Este remedo de juicio, será mácula indeleble de desprestigio y repudio para quienes actuaron como juez y fiscal, y para la administración de justicia que la afrenta, así como motivo de vergüenza para la inmensa mayoría de fiscales, jueces, magistrados, conjueces y abogados, por ponerse en duda la majestad del derecho, y la integridad y dignidad de toda la Rama Judicial.

Para revertir esta parodia de proceso, insisto, la defensa técnica del ex presidente Uribe tiene la oportunidad de rebatir y desvirtuar la dislocada sentencia de la señora juez Sandra Liliana Heredia, y a su vez, el Tribunal Superior de Bogotá, de sentar un precedente judicial para evitar que lo ocurrido vuelva a suceder.

Al final, y a pesar de tantas ilegalidades, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez terminó dignificado y mantiene su plena presunción de inocencia; en cambio, la justicia, terminó infamada y deshonrada, y obligada a rectificar los dislates cometidos por la señora juez Sandra Liliana Heredia.

Como lo manifesté y de nuevo lo ratifico, El Proceso, obra cimera e inacabada de Frank Kafka, resultó pálido, frente al proceso del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Ojalá que al final, brille la justicia, que nunca jamás se vuelva intentar usarla como arma política, y que el honorable Tribunal Superior de Bogotá, siente un precedente en defensa de la Rama Judicial y en condena a la violación del orden constitucional y legal.

Frente a la ilegalidad, no tiene cabida el espíritu de cuerpo, y sí, que una nación marche cívicamente en rechazo a ella, y en defensa y favor de su democracia.

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 
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