Foto de archivo.
Luego del asesinato del director de la cárcel La Picota de Bogotá, el Coronel Élmer Fernández, la Procuraduría General de la Nación solicitó al INPEC un informe detallado sobre las medidas de protección adoptadas hasta el momento para garantizar la vida y seguridad de los directivos y demás funcionarios del INPEC amenazados por grupos criminales.
En comunicación enviada al director de esa institución, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier a Sarmiento, solicitó información sobre qué acciones y adquisiciones urgentes, de las que se plantearon tras la declaratoria de emergencia carcelaria hecha por esa entidad en febrero pasado argumentando precisamente la crisis de seguridad, se concretaron y cuáles no se cumplieron.
También pidió copia de las solicitudes de protección hechas a las Unidad Nacional de Protección, UNP, tras conocer las amenazas contra el director de la cárcel Modelo de Bogotá y de otros funcionarios amenazados y las respuestas obtenidas.
Finalmente, el delegado Sarmiento solicitó copia del plan de seguridad trazado en el consejo de seguridad hecho tras el crimen del Coronel Élmer Fernández.
Con la información recaudada, la Procuraduría evaluará la pertinencia de tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios responsables de estas graves fallas de seguridad.
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