La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por cinco años a Samuel Roberto Vásquez Arias, quien se desempeñó como director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Esta sanción se debe a su desconocimiento del régimen de inhabilidades y a su ejercicio de funciones públicas a pesar de estar inhabilitado.
La investigación reveló que Vásquez Arias tenía conocimiento de su inhabilidad tras recibir dos fallos de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República. A pesar de ello, continuó en su cargo entre el 9 de septiembre de 2021 y el 7 de febrero de 2022, reclamando honorarios durante este tiempo.
Aunque el exfuncionario alegó que estuvo hospitalizado por procedimientos quirúrgicos entre agosto y diciembre de 2021, la Procuraduría evidenció que solo estuvo hospitalizado en diciembre. Además, se demostró que solicitó el reconocimiento de honorarios correspondientes a enero y febrero de 2022, a pesar de su inhabilidad.
En la resolución de segunda instancia, la Procuraduría destacó que Vásquez Arias incumplió el principio de moralidad en la función pública, optando por permanecer en su cargo a pesar de ser un profesional del derecho y conocer las decisiones de la Contraloría. Por esta grave conducta, su falta fue calificada como gravísima.
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