Fotos de archivo.
La cancelación de la visita oficial al proyecto hidroeléctrico Hidroituango por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha generado un intenso debate sobre la seguridad de las autoridades locales y la responsabilidad del Estado frente a posibles amenazas de grupos armados en la región.
El martes 2 de marzo estaba programada una rueda de prensa y un recorrido por el complejo energético, pero los mandatarios decidieron suspender la actividad luego de recibir advertencias sobre movimientos irregulares en la zona, incluyendo sobrevuelos de drones y presuntas acciones de estructuras criminales.
Petro niega la existencia de un atentado
El presidente Gustavo Petro aseguró que no existía evidencia que confirmara un plan de ataque durante la visita. “No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No sé sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”, escribió en X, generando un marcado contraste con la versión de las autoridades locales.
El comandante del Ejército, general Roger Gómez, respaldó parcialmente la versión presidencial al indicar que la institución no había emitido alertas formales sobre un ataque específico contra los funcionarios o la infraestructura. No obstante, reconoció que sí existía presencia de estructuras armadas en la región, dejando abierta la discusión sobre los protocolos de seguridad y la necesidad de actuar ante riesgos percibidos.
A pesar de estas declaraciones, los alcaldes sostienen que la información de inteligencia y la observación directa de elementos sospechosos, como drones, indicaban un riesgo real que justificaba la suspensión de la agenda.
Fico denuncia amenazas y cuestiona la protección del gobierno
En respuesta a la minimización de los riesgos por parte de Petro, el alcalde de Medellín defendió con firmeza su decisión de cancelar la visita a Hidroituango. “Petro, a usted no se le daría nada que sus amigos de las Farc nos asesinen. Es más, se quita un problema de encima. No es la primera vez que desestima alertas graves. Y Colombia sabe cómo han terminado esas historias”, escribió en su cuenta de X, recordando hechos previos donde la falta de protección frente a amenazas graves tuvo consecuencias fatales.
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Gutiérrez también citó experiencias anteriores que evidencian la importancia de tomar en serio las alertas de riesgo: “Lo mismo hicieron con Miguel Uribe. Desestimaron las amenazas, no le brindaron la protección y se lo entregaron en bandeja de plata a sus asesinos”. Con esto, subrayó que la seguridad no es un favor, sino un derecho que el Estado está obligado a garantizar.
El alcalde explicó detalladamente los motivos que llevaron a la cancelación de la visita: “¿La razón para cancelar la visita? Muy clara: en su gobierno, las estructuras criminales se fortalecieron y se tomaron territorios completos. Alias ‘Calarcá’, su llamado ‘negociador’, aparece en caravanas de la UNP, armado y con dinero en efectivo. Desde el Frente 36 envían drones al sitio donde realizaríamos una rueda de prensa. ¿Eso también lo van a minimizar?”.
Además, insistió en la necesidad de garantizar protección efectiva para todos los sectores involucrados: “Le exigimos garantías reales para la prensa, para la ciudadanía y para quienes ejercemos oposición a su gobierno. La seguridad no es un favor. Es una obligación constitucional”.
La polémica persiste y plantea interrogantes sobre la priorización de la seguridad y la obligación del Estado de proteger a quienes ejercen funciones públicas en territorios de alto riesgo.
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