Lima, 13 oct (EFE).- El expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) afirmó este viernes que la Procuraduría y el Ministerio Público de su país "se han convertido en operadores políticos de este sistema" que, según aseguró, busca mantenerlo en prisión tras haberlo "vacado (destituido) inconstitucionalmente".
"Hoy me doy cuenta de que tanto la Procuraduría como el Ministerio Público se han convertido en operadores políticos", señaló el exmandatario al intervenir en la audiencia virtual de una tutela de derechos que ha presentado su defensa ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Castillo dijo que la Procuraduría y la Fiscalía "hacen sus narrativas" para sustentar el pedido de que su recurso legal sea rechazado, por considerar que la Policía no vulneró garantías ni derechos constitucionales al detenerlo, el 7 de diciembre del año pasado, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.
"He sido vacado inconstitucionalmente, no he cometido ningún acto de flagrancia", replicó el exmandatario, quien cumple prisión preventiva por su fallido intento de golpe de Estado y otras acusaciones de presunta corrupción.
Castillo aseguró, al respecto, que va "a seguir luchando hasta donde la justicia alcance" para lograr su liberación, porque sabe "que debe haber un juez o una juez en el Perú con valentía, con coraje, que le dé la razón a quien la tiene".
"Nunca he cometido un acto de corrupción, y nunca he estado sometido a cosas de lujos que le hagan daño al país. Yo rechazo rotundamente ser parte o liderar organizaciones criminales", añadió en referencia a las acusaciones que también se le hacen en otras investigaciones en marcha.
Tras escuchar a Castillo, la jueza Victoria Montoya Peraldo informó que emitirá una decisión sobre la tutela de derechos en el plazo que indica la ley peruana y la notificará a las casillas virtuales de las partes procesales.
El exmandatario cumple en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, una orden de prisión preventiva por 18 meses por el intento de golpe de Estado, así como otros 36 meses de cárcel por la acusación de haber liderado una presunta red criminal en el Ejecutivo.
Por: EFE
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