Panamá devuelve a 56 colombianos a Medellín: operación internacional contra migración irregular

Panamá llevó a cabo un operativo migratorio que resultó en la deportación y expulsión de 56 ciudadanos colombianos hacia la ciudad de Medellín, en Colombia.

La acción fue realizada por el Servicio Nacional de Migración (SNM) y forma parte del Memorándum de Entendimiento suscrito en 2025 con Estados Unidos, que busca garantizar procedimientos migratorios ordenados, seguros y conformes a la ley.

Este operativo se enmarca dentro de los esfuerzos de Panamá para fortalecer los controles fronterizos y prevenir la migración irregular, pese a la disminución reciente del flujo a través del Darién.

Deportaciones y expulsiones: detalles del operativo

Del total de 56 personas retornadas, 35 fueron deportadas por incumplimiento de la normativa migratoria panameña, mientras que 21 fueron expulsadas por representar un mayor nivel de riesgo debido a antecedentes penales. Entre los ciudadanos retornados, 49 son hombres y 7 mujeres.

El SNM detalló que varias de estas personas registraban antecedentes por delitos graves, incluyendo tráfico internacional de drogas, homicidio agravado, fabricación, porte y tráfico de armas.

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Además, algunos casos estaban vinculados a extorsión, uso de documentación falsa, hurto de vehículos, receptación y estafa. También se incluyeron individuos que habían ingresado de manera irregular al país, lo que motivó la expulsión.

El traslado se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert y contó con coordinación internacional, asegurando que el retorno se efectuara de manera ordenada y segura, minimizando riesgos tanto para los deportados como para la comunidad receptora en Medellín.

Cooperación internacional y gestión migratoria

Este operativo forma parte de la estrategia regional para enfrentar la migración irregular y se ejecuta bajo los lineamientos del acuerdo con Estados Unidos. Las autoridades panameñas han destacado que estas medidas buscan fortalecer la seguridad, garantizar el cumplimiento de la ley y administrar los flujos migratorios de manera responsable.

Con esta acción, Panamá reafirma su compromiso con el control de la migración irregular y la cooperación internacional, priorizando la protección de la población y la gestión organizada de los retornos hacia sus países de origen.