Fotografía de archivo de un hombre mientras sostiene un cartel en contra del 'fracking' (técnica para la extracción de gas y petróleo del subsuelo), durante unas protestas en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Bogotá, 10 ago (EFE).- Varios congresistas presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca prohibir el fracking y que es la cuarta vez que se radica, pero con la esperanza que con el nuevo Gobierno colombiano y una mayoría más amplia de la izquierda en las bancadas pueda convertirse en norma.
La ley pretende “prohibir en el territorio nacional la exploración y producción de yacimientos no convencionales (YNC) y la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa, conocida como Fracking, para la explotación de hidrocarburos”, según el texto, que pretende obligar al Gobierno a “reformular la política pública de transición energética”.
Es la cuarta vez que se presenta, impulsada por organizaciones como la Alianza Colombia Libre de Fracking, que se mostraron seguros de que ahora será la definitiva: “por fin vemos con claridad que se volverá ley de la República”, dijo uno de sus portavoces, Andrés Gómez.
En una rueda de prensa, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que “es la primera vez de las cuatro veces que se presenta este proyecto que hay un acuerdo de un sector amplio, que hay un acuerdo con el Gobierno nacional y hay un acuerdo con el movimiento social”.
La propia Muhamad, una reconocida ambientalista, ha sido una voz firme en contra del fracking en Colombia, por lo que se comprometió a que el nuevo Gobierno “va a firmar este proyecto de ley que presentan estas organizaciones porque fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro”.
“Es nuestro compromiso trabajar por un país que haga una transición social, económica y ambiental para enfrentar la crisis climática”, dijo la ministra, que aseguró que “no es lógico que si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre de impacto social y ambiental”.
La ley fue presentada por más de 80 congresistas de varios partidos y es, según la Alianza, “una propuesta coherente con las exigencias de la ciudadanía para alejar los peligros de la explotación de los yacimientos no convencionales y el fracking”.
Las anteriores, también impulsadas por organizaciones sociales, cayeron en el olvido al no haber un compromiso parlamentario para impulsarlas y debatirlas.
El actual proyecto de ley tendrá que pasar por debate de una comisión parlamentaria primero, la quinta, y de ahí luego ser debatido en las dos cámaras antes de ser aprobado y rubricado por el presidente.
Todo ello antes de que acabe la legislatura en junio de 2023.
El fracking permite extraer el gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo que se encuentra en capas de roca a gran profundidad, por lo que se tiene que perforar la tierra para después inyectar grandes cantidades de agua mezclada con químicos a alta presión para lograr fracturar la roca y liberar el gas.
Esta técnica de extracción se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate público en Colombia, especialmente después de que Petro se haya mostrado contrario y se comprometiera a paralizar los proyectos de exploración.
Sin embargo, el asunto no es tan sencillo, pues varias instancias judiciales han dado luz verde a proyectos pilotos para determinar el efecto real que pudiera tener.
El último ente fue el Consejo de Estado quien el pasado julio ratificó la legalidad de la reglamentación para la exploración y explotación del fracking, avalando la luz verde ya existente para estos proyectos.
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