La Barca de Calderón

Esclavo de sus palabras.

En plena época en la que se discutía por parte de la Corte Constitucional si se le daba o no vía libre a la reelección presidencial, hubo un pulso cuyas repercusiones apenas el país conoce. El ex presidente Uribe defendiendo tras bambalinas la posibilidad de mantenerse en el poder, mientras por esas calendas el ex ministro Santos buscaba posicionarse frente al ex ministro Andrés Felipe Arias y la ex embajadora Noemí Sanín.

Posición camaleónica.

Arias, en una declaración “desafortunada”, refiriéndose al entonces ministro Santos, señaló: “No comparto las posiciones camaleónicas de algunos que dicen estar con la reelección, cuando realmente lo que están defendiendo es su propia aspiración”. Bastó este pronunciamiento para que la revista Cambio entrara en acción; ahí se inició el calvario que vive el ex precandidato Arias.

Salidas en falso.

Es preciso recordar que este pronunciamiento fue producto de dos salidas en falso (según los uribistas) del precandidato Santos, quien hablando a medios internacionales, en Washington, declaró, a raíz del floreciente escándalo de las chuzadas: “Hay que acabar con el DAS”. Y una más cuando en El Colombiano de Medellín, en primicia publicada en primera página, que luego fue desmentida por el propio ex presidente Uribe, Santos señaló que en conversación privada con el Primer Mandatario este le dijo que no tenía interés en la reelección, que su propósito era la renovación, lo que provocó la reacción del ex ministro Arias, quien ni corto ni perezoso salió a defender a su jefe Uribe Vélez, en tanto que Santos movió los hilos del poder en la revista Cambio, de propiedad de su familia, con los resultados ya conocidos.

Judicializan elecciones.

La prioridad de los bogotanos es escoger un alcalde que no sea corrupto, según una encuesta de percepción para el proyecto “Bogotá, cómo vamos”. En medio del efervescente debate a la corrupción capitalina protagonizado por el alcalde Samuel Moreno y su familia, pertenecientes al Polo Democrático Alternativo, quienes vienen siendo juzgados por altos tribunales, lo que se deja entrever es que el próximo debate electoral por la Alcaldía Mayor se convirtió en un juicio, del que no es ajeno el alcalde de Medellín Alonso Salazar, quien también viene siendo examinado por la Procuraduría y la Fiscalía.

Este mismo caso ocurre en Cali con el alcalde Jorge Iván Ospina, a quien también tienen en la mira los entes de control, mientras el alcalde de Barranquilla corre la misma suerte; la alcaldesa de Armenia ya fue destituida; a ‘María Mulata’, alcaldesa de Cartagena, le ha tocado comparecer ante los tribunales; el alcalde de Bucaramanga ya fue sancionado ejemplarmente con destitución por la Procuraduría.

Todos estos ejemplos demuestran claramente que la política hoy en Colombia se encuentra judicializada; que no serán la Registraduría, ni el Consejo Nacional Electoral los que presidan las elecciones del 30 de octubre y que los próximos comicios serán dirimidos por la justicia ordinaria.