En Colombia ya se volvió costumbre la crónica de los fraudes anunciados. La cascada de delitos contra el sufragio se ha convertido en un deporte nacional que se juega en todas las circunscripciones de la geografía patria.
La truculencia electoral se remonta en Colombia a los albores del siglo XX con el “Registro de Padilla” que llevó a la presidencia al general Rafael Reyes. Se le llamó así porque el encargado del escrutinio fue el comején, bicho que se comió los pliegos electorales durante el traslado de los mismos, a lomo de mula, entre esa provincia del antiguo departamento del Magdalena y Bogotá. Curiosamente, los únicos registros que sobrevivieron fueron los que le aseguraban el triunfo a Reyes.
Los fraudes estuvieron presentes en una época en muchos pueblos antioqueños, como lo relata el experimentado cronista político Hipólito Hincapié.
Un alcalde de Cañasgordas, perteneciente al árbol genealógico de los Valencia Cossio, atrasaba o adelantaba las manecillas del reloj de la iglesia, en complicidad con el cura párroco del pueblo, hasta cuando se suponía que todo estaba listo para proclamar el triunfo de los amigos del burgomaestre y el pastor de almas de la localidad.
Vendría después, en tiempos menos remotos, el “chocorazo” de 1970, elecciones en las que se disputaron la presidencia Misael Pastrana y el general Gustavo Rojas.
Los fraudes electorales, en materia parlamentaria, no son castigados a tiempo por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Casi siempre sus fallos se producen cuando agoniza la legislatura de cuatro años, en los que detentó la curul el congresista espurio, mientras el legítimo ganador de los comicios quedó mirando pal’ páramo.
En los comicios rumbaron los fraudes en Magangué y Soledad. Los damnificados se quejaban porque quedaron sin “chance”. Y aseguraban que por estas maniobras se le escapó de las manos la curul al huilense Rodrigo Lara, en franca disputa con Mottoa, su compañero de equipo. La voluntad popular también fue burlada en Buenaventura y Yotoco, en donde tuvo que intervenir la Procuraduría, en caldeada sesión del Consejo Electoral.
Está como para alquilar balcón el rifirrafe entre el registrador Sánchez y el general Naranjo. El primero acusa a la Policía de sabotear, en llave con el DAS y el Ejército, la plataforma que contabilizaba los resultados, a lo que Naranjo riposta que lo que había montado la Registraduría fue débil e ineficiente.
De cara a las elecciones del 30 de octubre, existen 67 municipios en alto riesgo de fraude. La campaña está precedida de asesinatos de candidatos, inscripciones atípicas, trashumancia electoral y posibilidad de ataques informáticos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades.
2021-05-05
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