La Barca de Calderón

La columnista Paloma Valencia Laserna, nieta del presidente Guillermo León Valencia, terció en El País en el debate alrededor sobre la reforma judicial.

A su juicio, “la Reforma que adelanta el Congreso puede tener fallas, pero ésta es la institución facultada para hacerla. Así las cosas, las opiniones que al respecto tengan los magistrados de las Cortes, el Procurador y la Fiscal, son interesantes, pero tienen la misma validez que los pronunciamientos que hace el Congreso sobre los fallos de las Cortes.

De eso se trata la división de poderes; cada rama tiene sus funciones y el poder constituyente derivado está en cabeza del legislativo y sólo ésta rama es la llamada a reformar la Constitución”. Agrega: “Se extralimitan los magistrados, el Procurador y la Fiscal al solicitarle intervención al Presidente, que tampoco es competente para tomar las decisiones que le corresponden al Parlamento”.

Las normas.

Señala que “parece, además, desmedido que clamen por la atención de la comunidad internacional; se trata de un proceso que cumple las normas democráticas -pues la Constitución prevé su reforma por el Congreso- y se hace con base a la legitimidad que ostentan los representantes elegidos por voto directo del pueblo. Además, se trata de un asunto eminentemente nacional, donde no es deseable que extranjeros opinen”.

Unos reparos.

Y subraya: “Conviene analizar las críticas que esgrime la rama a reformarse, pues el debate siempre es capaz de enriquecer los proyectos y da luces sobre la dimensión que los cambios pueden tener; más aún cuando faltan cuatro debates. Dicen los magistrados que esta reforma atenta contra la Constitución; el comentario parece redundante, pues es evidente que una reforma busca precisamente aquello.

Sobre el desequilibrio de los poderes que -dicen- ocasionaría la conformación de una Supercorte (sic) que se encargue de juzgar a todos los funcionarios con aforo, más bien parece que esta alternativa viene a superar el error fundamental que cometió el constituyente del 91 que le otorgó poderes en demasía a la Corte Suprema. Hoy esa Corte juzga a casi todos los funcionarios, lo que ha ocasionado un desequilibrio evidente, perjudicando el sistema de frenos y contrapesos”.

Una Corte neutral.

Doña Paloma plantea este elemento: “La Supercorte (sic) integrada paritariamente  por magistrados elegidos por el Congreso, el Ejecutivo y la Rama Judicial otorga un estamento de juicio neutral, superior y con representación de todas las ramas del poder.  Además, esa Corte participa en la elección de demasiados poderes.

En el caso de la Fiscalía se rompe el principio del derecho de que la función investigativa debe estar completamente escindida del juzgamiento. Sería sano que la Fiscalía tenga algún tipo de vínculo que le dé legitimidad democrática, de manera que atienda aquellos casos prioritarios para la ciudadanía”.

Dice finalmente: “La elección de  Procurador y Contralor (dueños de un inmenso poder nominador) debe ser bien diseñada, sin que continúe el  carrusel de componendas en los nombramientos que el país conoce”.