La Fiscalía General de la Nación dispuso de un plan investigativo para develar las maniobras ilícitas de dos organizaciones señaladas de lavar 35 mil millones de pesos.
Estos resultados fueron posibles gracias a la acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de Activos; y la Dijin de la Policía Nacional.
Inicialmente, en Ipiales, Nariño, fueron capturados cinco presuntos integrantes de una ‘empresa de papel’, de nombre Ralfer, la cual habría sido constituida para justificar las ganancias ilegales obtenidas por el ingreso de contrabando en zona de frontera con Ecuador.
Los elementos de prueba dan cuenta de que esta organización estuvo vigente durante dos años. Tiempo en el que fueron blanqueados 26.900 millones de pesos.
Los reportes indican que Ralfer LTDA., fue creada con un capital de 50 millones de pesos y tenía por objeto el comercio de café, productos textiles y confecciones.
Mediante esta fachada los socios, al parecer, declararon supuestas importaciones por un valor menor al que realmente valía la mercancía en el exterior. De esta manera, redujeron y evadieron el pago de impuestos aduaneros.
Asimismo, hay evidencia de que justificaron ganancias obtenidas por la venta en el país de artículos de contrabando, como si hubieran ingresado al país a precio de mercado, dando apariencia de legalidad a dineros ilícitos.
Por estos hechos, el representante legal de la empresa, Florentino Fernando R.; dos socios, José Alfredo R. y José David R. L.; y dos contadores, fueron presentados ante un juez de control de garantías.
La Fiscalía les imputó el delito de lavado de activos. Los tres primero aceptaron los cargos, y recibieron medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia. Mientras que los contadores rechazaron los señalamientos y deberán atender todos los requerimientos judiciales.
Las investigaciones permitieron identificar los movimientos financieros a los que recurrieron algunos familiares y amigos del extraditado narcotraficante A. Sánchez González, alias El Señor del Desierto.
Al parecer, la esposa de este exintegrante de las AUC organizó un modelo en el que asumieron como titulares de bienes o prestaron sus nombres y cuentas bancarias para recibir recursos producto del tráfico de drogas.
La verificación del patrimonio de las personas que conformaban esta supuesta red de lavado de activos evidenció que: no tenían la capacidad económica para adquirir los inmuebles de los cuales figuraban como propietarios, tampoco estaba claro el origen de los montos por los que hicieron transacciones, y tenían múltiples vacíos en las declaraciones de renta.
El peritaje contable determinó que esta organización delincuencial alcanzó a lavar, aproximadamente, 8 mil millones de pesos.
En ese sentido, fueron capturadas cinco personas, cuatro de ellas en Barranquilla, Atlántico.
Lina Elena F. R., esposa de ‘El Señor del Desierto, detenida en Bogotá, fue imputada por los delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito; al igual que su hermana Licelys Alejandra F. R.z y Julio Cesar V. G.. A un hermano de la mujer, Enrique F. R., y su esposa, P. Cáceres Moreno, la Fiscalía les formuló cargos por enriquecimiento ilícito.
Estos últimos dos fueron cobijados con detención en el lugar de residencia; mientras que los demás procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
A. Sánchez González, alias El Señor del Desierto, fue considerado en su momento el sucesor del R. Tovar Pupo, alias Jorge 40. Fue cabecilla del denominado Frente Resistencia Wayuu y uno de los principales articuladores del envío de cocaína desde La Guajira, Magdalena y Atlántico, entre 2007 y 2011. A finales de 2012 fue extraditado a Estados Unidos y condenado en ese país por narcotráfico.
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