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El viernes, cerca de las 18:15 horas, la ciudad de El Alto fue escenario de una catástrofe aérea que todavía conmociona al país. El Hércules C-130, una aeronave con más de cinco décadas de servicio, se salió de la pista de aterrizaje tras una maniobra de emergencia, impactando contra el entorno aeroportuario y arrasando con varios vehículos en su trayectoria.
En su comparecencia ante las autoridades judiciales, el piloto Erick Rojas ofreció su versión de los hechos. Según explicó su defensa legal, liderada por el abogado Ricardo Maldonado, la decisión de alterar la ruta de aterrizaje inicial no fue caprichosa, sino una respuesta directa a la fuerte tormenta que azotaba la zona.
“Había una granizada persistente y lluvia intensa; eso fue lo que llevó al piloto a realizar un viraje y optar por la pista 2.8, un sector con menor densidad de edificaciones y personas”, detalló el letrado en declaraciones a medios locales. No obstante, el problema crítico surgió una vez que la nave tocó tierra. Según el testimonio de Rojas, al intentar frenar para detener la marcha, el sistema no respondió debido a que la pista se encontraba cubierta de hielo, transformándose en una superficie extremadamente deslizante.
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El accidente no solo dejó un doloroso saldo humano, sino que también generó escenas de caos extremo en la pista. El avión transportaba un cargamento significativo de dinero destinado al Banco Central de Bolivia. Tras el impacto, y mientras las víctimas permanecían entre los restos, una multitud estimada entre 5.000 y 15.000 personas se aproximó al lugar con el objetivo de sustraer los billetes esparcidos. Esta situación obligó a los equipos de emergencia a utilizar gases lacrimógenos y descargas de agua para dispersar a la gente y poder realizar las labores de rescate.
Ante la gravedad del siniestro, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, anunció el despliegue de tres investigaciones paralelas: una liderada por la junta militar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) —que ya analiza la caja negra—, otra a cargo de la empresa aseguradora y una tercera por parte del fabricante de la aeronave.
Por su parte, el Gobierno boliviano ha garantizado que el seguro de la aeronave cubrirá los daños materiales a terceros y la asistencia a los familiares de los fallecidos y heridos. En cuanto al dinero esparcido, las autoridades han procedido a la quema de los restos de los billetes y a la anulación de sus series para impedir que el efectivo robado pueda ser introducido en el sistema financiero.
2026-03-04
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