EN VIDEO: Por medio de un supermercado de barrio una familia habrían lavado activos por más de 82 mil millones de pesos

La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en un trabajo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), logró la captura y judicialización de tres personas que presuntamente incurrieron en el delito de lavado de activos.

La investigación permitió evidenciar que los hoy procesados, al parecer, a través de la constitución de una empresa fachada denominada La Buena Promesa SAS, dedicada supuestamente al comercio al por mayor de productos alimenticios, legalizaban el ingreso de divisas de origen ilícito desde Hong Kong (China) y Turquía, sin realizar las operaciones comerciales que las justificaran.

Se trata de los hermanos Diego Fabián y Mónica Alejandra N. V., socios y fundadores de la supuesta empresa que en realidad era un supermercado de barrio, y el esposo de ella Edwin Saúl G. C., a quienes el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

Los tres investigados, detenidos el pasado 22 de octubre Cúcuta, Norte de Santander, fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad: los hombres con detención intramuros y la mujer con domiciliaria.

Desde hace casi un año la Fiscalía y la Polfa de la Policía Nacional le seguían la pista a esta estructura cuya empresa operaba en Villa del Rosario; sin embargo, se pudo establecer que su actividad principal no guardaba relación alguna con las operaciones de cambio en las que soportó, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, el ingreso de divisas por un valor de USD 28’064.126, equivalente para la época a $82.560’560.690.

Además, las autoridades determinaron que La Buena Promesa SAS. tampoco registraba operaciones de comercio relacionadas con importaciones y exportaciones que justificaran el ingreso de dichos montos.

Cabe destacar que la totalidad del dinero recibido en la cuenta corriente de la empresa aparentemente fue girado mediante 428 cheques en favor de terceras personas de escasos recursos, que no tenían la calidad de proveedores o clientes de la misma, por lo que se presume que esos retiros no eran para el desarrollo de su objeto social, sino para dar la apariencia de legalidad a los recursos ilícitos a su ingreso a Colombia y luego transformarlos en dinero en efectivo.

Los investigadores evidenciaron también que una sola persona habría realizado en el lapso de dos años 222 transacciones con retiros por valor de $45.710 millones de pesos, mientras que otra lo hizo por $17.525 millones.