Hasta 4 años de cárcel le dieron a voceros de empresas por hacer ‘chanchullos’ para quedarse con contratos públicos

Este jueves se conocieron las condenas contra sujetos que armaron un modelo ilegal en el que varias empresas acordaron su participación en subastas públicas, fingieron libre competencia y se quedaron con contratos de suministro de insumos de papelería y artículos de aseo para entidades públicas.

Según la Fiscalía Un juez penal de Bogotá dio crédito al material obtenido en las investigaciones y condenó a 48 meses de prisión a R. Méndez Mora como coautor del delito de acuerdos restrictivos de la competencia, en el entendido de que actuó como el gestor del esquema ilícito.

La decisión también afectó a tres empleados del procesado, quienes fueron sentenciados a 36 meses de prisión en condición de cómplices. Ellos son: H.D. Arévalo Pissa, L.F. Bayona Mora y F.S. Franco, y se detalló que estas cuatro personas aceptaron inicialmente los cargos imputados por la Fiscalía.

Así habrían hecho el chanchullo las empresas:

El juez consideró que, por tratarse de conductas contra la administración pública, no tienen beneficios. En ese sentido, deberán cumplir la condena en establecimiento carcelario, tan pronto termine la emergencia decretada con ocasión del Covid-19.

La Fiscalía demostró que los sentenciados, previamente, crearon empresas de papel para presentarse como independientes a la adjudicación de los contratos. Posteriormente, se concertaron mediante correos electrónicos para definir la compañía que se quedaría con el contrato a cambio de que esta distribuyera a los demás una bolsa de dinero.

De esta forma, definieron no hacer contrapropuestas que afectaran a la ganadora, pero siempre daban apariencia de libre competencia. Incluso, en algunos casos dejaron de pujar y simplemente se retiraron.

El condenado, R. Méndez Mora, y sus empresas creadas para tal fin violaron las normas de libre mercado. Bajo este modelo ilícito participaron en procesos de contratación realizados por la Gobernación de Antioquia, el SENA Seccional Antioquia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

En todos los casos se estableció que las entidades no pagaron valores por encima de los establecidos en la ley. El reparto de bolsa fue comprobada durante la investigación en los procesos pre contractuales en la Gobernación y Sena Seccional Antioquia.

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