Un hombre vota en unas elecciones colombianas, en una fotografía de archivo. EFE/Luis Eduardo Noriega A.
Este martes, el Consejo Nacional Electoral -CNE-, anunció que las elecciones presidenciales no contarán con una auditoria independiente para vigilar el software electoral, pese a que el Ministerio de Hacienda aprobó un presupuesto para dicha auditoria de más de 3 mil millones de pesos.
“Desde el 2 de mayo por medio de una resolución, el Ministerio de Hacienda dijo que se destinarían los recursos. Desde el 2 de mayo a la fecha han habido cualquier cantidad de reuniones donde ha participado también la Procuraduría advirtiendo todas las condiciones que debería tener un proceso de esta naturaleza. El proceso, a pocos días de la jornada electoral, se hace inviable. No ha habido un compromiso de Estado para sacar eso adelante, pero por eso instamos a los partidos políticos a que asuman su responsabilidad también, a que nombren sus testigos, a que hagan trabajar a sus auditores para que no haya duda de que se garantizará las elecciones”, indicó el presidente del CNE, César Abreo.
Sin embargo, agregó que la falta de una auditoría para vigilar las elecciones, no afectará el proceso electoral que tendrá lugar el próximo domingo 29 de mayo, pero sí reconoció que era una herramienta necesaria para dar confianza a los ciudadanos, luego de las presuntas irregularidades que se presentaron en las elecciones al Congreso de la República.
Sobre esta auditoria que se implementaría para las elecciones, la entidad manifestó que no hubo el tiempo suficiente para recolectar todos los documentos necesarios para la contratación. “Se les pidió una oferta, ellos se desplazaron a Colombia, y tenían la disponibilidad, pero había una serie de requisitos legales que el presidente del CNE constató que no los cumplieron”, manifestó el magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez.
Sobre los $3.200 millones que fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda para la auditoria, el CNE manifestó que quedaron como una partida presupuestal que seguirá en manos del Gobierno.
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