Foto tomada de archivo
El 18 de febrero de 2025, a la medianoche, venció el plazo impuesto por la Corte Constitucional al Ministerio de Hacienda para realizar el pago de los presupuestos máximos de salud correspondientes al 2022. Sin embargo, el Gobierno nacional no cumplió con la orden judicial, generando una fuerte controversia entre expertos y políticos.
La deuda que el Gobierno debe saldar asciende a un total de $817.000 millones, los cuales son asignados a las EPS para cubrir servicios y tecnologías de salud no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este monto es crucial para garantizar el funcionamiento del sistema de salud en el país.
A pesar de la falta de cumplimiento en el plazo establecido, el Ministerio de Hacienda informó que realizará un primer giro de $200.000 millones el 19 de febrero y que el resto del dinero se distribuirá en cuotas durante los próximos cuatro meses. Esta medida fue tomada para cumplir parcialmente con la orden judicial de la Corte Constitucional, que exige que los pagos sean realizados dentro de 48 horas.
El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, se pronunció en contra del retraso y señaló que el Ministerio de Salud desafía la autoridad de la Corte Constitucional. En su opinión, el Gobierno está violando el orden institucional al no realizar el pago completo, lo que afecta directamente a los pacientes que dependen de estos recursos para recibir atención médica.
Asimismo, Jerome Sanabria, líder de la organización No con mi Ahorro, y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se sumaron a las críticas, acusando al Gobierno de desfinanciar el sistema de salud y de incumplir con sus obligaciones hacia los ciudadanos.
Por otro lado, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) se destacó que la deuda total del Gobierno en presupuestos máximos asciende a 2.7 billones de pesos, lo que incluye pagos pendientes desde 2022, así como ajustes de 2024 y recursos actuales.
Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Partido Conservador, advirtió que la falta de giro de recursos podría generar graves consecuencias para los pacientes colombianos, como la escasez de medicamentos, citas médicas y exámenes, afectando aún más la calidad de vida de los ciudadanos.
El conflicto sobre el pago de los presupuestos máximos de salud refleja una crisis en el sistema sanitario colombiano, que se enfrenta a serias dificultades de financiación y gestión. Con la Corte Constitucional exigiendo el cumplimiento de la orden, el Gobierno deberá enfrentar nuevas presiones en los próximos días para resolver este tema crucial.
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