Archivo. EFE/Ricardo Maldonado Rozo
El proceso puesto en marcha por el Presidente Gustavo Petro para sacar a los miembros de la “primera línea” presos en cárceles del país, algunos ya condenados por distintos delitos cometidos durante el paro nacional y muchos otros con procesos penales vigentes, y convertirlos en gestores de paz, levantó ampolla entre 20 expresidentes de Estado de Colombia y otros países.
Vicente Fox (México), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Carlos Mesa (Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá), José María Aznar (España), Nicolás Ardito (Panamá), Felipe Calderón (México), Alfredo Cristiani (El Salvador), Federico Franco (Paraguay), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Angel Rodríguez (Costa Rica), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Andrés Pastrana e Iván Duque (Colombia), son los firmantes de la misiva.
La carta, que está amparada en el grupo denominado Idea (Iniciativa Democrática de España y Latinoamérica) resalta que el Presidente Petro pretende liberar a los presos de sus responsabilidades penales con “figuras jurídicas que solo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de los grupos armados organizados bajo el contexto de los procesos de paz” .
Consideran los exmandatarios que de llevarse a cabo esa liberación, se estaría poniendo en riesgo no solo la autonomía de la justicia sino también la independencia de poderes en el país.
Elevan además un fuerte llamado a la comunidad internacional para “que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático del Derecho en Colombia”.
La carta emitida el martes 13 de diciembre, se suma a las críticas que desde el sector de la justicia y de opinión pública y política del país, se le han hecho al Presidente Petro, que firmó el decreto que ordena la conformación de un equipo del que hacen parte los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia, así como la Dirección Administrativa de la Presidencia, Dapre, para que definan quiénes podrían salir de las cárceles y convertirse en gestores de paz.
No obstante las declaraciones de algunos ministros – como el de Justicia, que dice que ningún condenado podría ser liberado – las alertas por lo que se considera una violación de la normatividad legal , además de una bofetada a las víctimas de las acciones de la “Primera Línea”, siguen encendidas en medio de un espeso debate que ha convocado tanto a críticos como a adeptos del gobierno nacional.
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