Colombia y su Infraestructura en Crisis: Avances Intermitentes y Rezagos que Persisten

La infraestructura de un país es un indicador de su nivel de desarrollo y su capacidad de integración territorial y de la fortaleza de sus políticas públicas. En el actual gobierno la información muestra un panorama contradictorio: mientras algunos indicadores muestran signos de recuperación, otros confirman un rezago estructural que se agudiza en silencio y que el país no puede seguir ignorando.

El Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) del DANE reportó un crecimiento del 13,1 % en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior (DANE, 2025a).  Dentro del mismo informe, obras asociadas a carreteras, vías urbanas, puentes y túneles registraron un incremento anual del 14,8 % (DANE, 2025a).

No obstante, este progreso contrasta con una estadística más alarmante: la producción total de proyectos civiles sigue estando un 27,8 % por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y el desarrollo de calles y carreteras está un 43,8 % detrás del año 2019; números que llevan al país a situaciones similares a las de hace veinte años atrás (Infobae, 2025).

Esta disminución no es solamente un fenómeno estadístico, si no que aumentan los peligros en el tránsito y hay problemas para acceder a servicios imprescindibles, además de que las regiones quedan desconectadas y se encarecen los costos logísticos en las regiones del país. El retraso en la infraestructura vial tiene repercusiones económicas y sociales significativas, particularmente en áreas rurales y zonas donde la movilidad depende de redes básicas de acceso fundamenta para la población más apartada.

En puentes, varias secciones han lanzado advertencias acerca de estructuras que están viejas y necesitan urgentemente mantenimiento. Pese a que no hay un consolidado nacional actual, la Federación Nacional de Departamentos y varios informes de interventoría han alertado que una gran proporción de los puentes principales del país sobrepasa su vida útil o tiene daños considerables.

La situación de la vivienda tampoco es esperanzadora. Según estimaciones del sector financiero, para finales de 2025 se prevé que Colombia registre alrededor de 110.000 nuevas viviendas, una cifra que sería una de las más bajas en la última década (Bancolombia, 2025). Esta disminución tiene un impacto en el desarrollo urbano, la oferta de viviendas y el empleo, particularmente en las ciudades intermedias. Aunque se ven indicios de estabilización en las ventas, el descenso en la iniciación prevé que habrá menos viviendas nuevas disponibles en los próximos años.

A nivel local, ciudades como Bogotá anunciaron inversiones en infraestructura locales para 2025 por encima de los 284 mil millones de pesos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2025). Esta inversión es valiosa, pero no basta si no se combina con una estrategia nacional coherente. Las obras locales progresan, pero el país requiere una perspectiva integral que contemple la movilidad sostenible, la modernización urbana, el mantenimiento constante y el refuerzo de la infraestructura social.

La meta de este gobierno no es aumentar el número de anuncios, sino garantizar una implementación efectiva, un financiamiento constante y una planificación técnica. La infraestructura no es un logro simbólico, sino una señal de que se están desarrollando las oportunidades económicas y el crecimiento territorial. Hoy en día, a pesar de los progresos, los rezagos tienen más peso que nunca. El país requiere una táctica seria, con visión de Estado y continuidad más allá de los períodos administrativos. Hasta que eso no suceda, la infraestructura continuará siendo un obstáculo y no una plataforma para el desarrollo que Colombia requiere.