Defensa de Diego Cadena, exabogado de Uribe, dice que la versión de extinción de dominio es un tema mediático

El pasado jueves la Fiscalía acusó formalmente al abogado Diego Cadena Ramírez por su presunta participación en la manipulación de testigos en un proceso que se seguía en la Corte Suprema de Justicia, relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tal y como detalló el ente investigador, Cadena deberá responder en juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que presentó material probatorio como soportes de giros y consignaciones; y varios testimonios, entre ellos, los de dos personas privadas de la libertad y condenadas por paramilitarismo.

“Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, señaló que, en julio de 2017, Diego Cadena lo visitó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Palmira (Valle del Cauca) y le habría ofrecido 200 millones de pesos y asesoría jurídica para cambiar la versión que entregó contra un aforado político”, detalló la Fiscalía.

A Cadena no le harán extinción de dominio: Defensa

Tras esta acusación formal, a través de redes sociales ha tomado fuerza la versión de la extinción de dominio a millonarios bienes suyos como un avión, por lo que su abogado Iván Cancino explicó que esta acción de intervenir lo bienes de Cadena es un tema mediático, que considera no tiene futuro porque es una forma de presión.

“Ninguno de los hechos investigados tiene conexión con las causales de extinción de dominio. Las personas suelen sacar medias verdades. El martes le diré al fiscal del caso que no le dé trámite a la petición de extinción dominio”, explicó el abogado en Semana.

Tras esto, el defensor de Cadena planteó que los movimientos de su cliente en su avión han sido legales, resaltando que cuando han sido realizados para actividad profesional, actividades norteamericanas, europeas y colombianas han tenido conocimiento de dichas actividades.

El abogado Diego Cadena está cobijado por una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia por disposición de un juez de control de garantías.