Fotos Fiscalía
La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio, 22 bienes señalados de pertenecer al denominado ‘Fondo de Guerra’ del ‘Clan del Golfo’, ubicados en la región de Urabá.
Audios obtenidos por las autoridades, durante la captura de alias ‘Otoniel’, darían cuenta de que el máximo líder de este grupo ilegal, consideraba como prioridad este fondo, para sostener a las diferentes estructuras.
Las propiedades están avaluadas inicialmente en más de 100.500 millones de pesos: “Durante la labor investigativa y operativa que permitió la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, se conocieron varias comunicaciones y otras evidencias en las que el señalado máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’ hacía constante referencia a un ‘Fondo de Guerra’ y explicaba que era prioritaria su sostenibilidad para mantener el flujo de dinero ilícito”, reveló la Fiscalía.
Según las investigaciones se constató que las propiedades pertenecían a los ‘Otoniel’, ‘Chiquito Malo’, ‘Tatareto’, ‘El Indio’, ‘Nicolás’, ‘Kiriki’, ‘Atilio’, ‘Marihuano’, ‘Pueblo’ y ‘Julio Quemao’.
Sin embargo, estas propiedades estaban a nombre de presuntos testaferros que los utilizaban para ganadería y extracción de madera.
“Ante los elementos de prueba obtenidos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 2.754 hectáreas, representadas en 22 predios”, agregó el ente investigador.
Las diligencias de ocupación de predios, fueron realizadas de manera simultánea en Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Necoclí y San Pedro de Urabá (Antioquia); y Acandí (Chocó).
La investigación de la Fiscalía también revela que los predios tenían una ubicación geográfica que facilitaba la salida de cargamentos de cocaína, el tráfico de migrantes y el acopio de dinero, armas y material de intendencia para las subestructuras Carlos Vásquez, Juan de Dios Úsuga y Efrén Vargas Gutiérrez que hacen parte del Bloque Central de Urabá.
“Se conoció que en algunas de estas propiedades se cumplieron reuniones para planear acciones criminales, y otras sirvieron de centro de descanso para los máximos cabecillas que buscaban evadir el actuar de la fuerza pública o como área de entrenamiento para los nuevos integrantes del grupo armado ilegal”, puntualizó en ente acusador.
Los predios quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, quien desde ahora los administra.
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