Foto de archivo.
Un reciente estudio de la firma de investigación independiente Invamer revela un preocupante aumento en el contrabando de cigarrillos en Antioquia.
Según el análisis, el 40% de los cigarrillos consumidos en el departamento provienen del mercado ilegal, un incremento del 3% respecto al año anterior.
Este fenómeno ha tenido un impacto económico significativo, con una pérdida de más de $263 mil millones de pesos en ingresos fiscales para el año 2023.
El estudio titulado *Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia 2023* destaca que Antioquia ha experimentado un notable crecimiento en el contrabando de cigarrillos, pasando del 37% en 2022 al actual 40%.
Este aumento no solo refleja una expansión del mercado negro sino también una creciente evasión fiscal que afecta gravemente las finanzas del departamento.
Martín Orozco, gerente general de Invamer, señala que la situación refleja un impacto directo en los ingresos fiscales de los departamentos.
“Colombia ha perdido cerca de 3,6 billones de pesos desde 2017 debido al comercio ilícito de cigarrillos. Es imperativo que se intensifiquen los controles en puertos y fronteras para abordar este problema. Los datos sugieren que cualquier aumento en la brecha de precios entre los productos legales e ilegales impulsa el contrabando,” comentó Orozco.
Los precios de estas cajetillas ilegales son significativamente más bajos que los de las marcas legales. En promedio, una cajetilla ilegal cuesta $4.134, mientras que una legal tiene un precio promedio de $8.369. Esta diferencia de precios ha llevado al 89% de los encuestados a preferir los productos ilegales debido a su menor costo.
El contrabando de cigarrillos está estrechamente vinculado con el crimen organizado. El comercio ilícito no solo representa una forma de monetización para las economías criminales, sino que también refleja la sofisticación y la interconexión de las redes criminales y el narcotráfico.
Estas redes han adaptado sus métodos al contrabando de cigarrillos, utilizando estrategias similares a las empleadas en el narcotráfico: diversificación del riesgo, corrupción, violencia, y rutas estables y seguras.
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