Foto de archivo.
El futuro político de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, entró en una fase definitiva. En la tarde de este 23 de febrero, el Consejo de Estado llevó a cabo la audiencia pública por las demandas de pérdida de investidura en su contra, derivadas del polémico evento conocido como el ‘tarimazo’.
En dicha jornada, celebrada en junio de 2025 en Medellín, peligrosos capos de las bandas del Valle de Aburrá, como alias ‘Douglas’, ‘Tom’ y ‘Carlos Pesebre’, compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro.
La controversia radica en la presunta extralimitación de la congresista al gestionar el traslado de estos reclusos desde la cárcel de Itagüí hacia la Plaza de la Alpujarra sin, aparentemente, contar con las facultades legales para ello.
Durante la diligencia, el abogado demandante, Édgar Quintero, denunció una clara extralimitación de funciones, argumentando que Zuleta usurpó competencias que solo le corresponden a un juez de la República.
“Es indiscutible un abuso de poder del Legislativo sobre el Ejecutivo”, aseveró el jurista, cuestionando además la reserva legal que el Inpec aplicó sobre la orden de traslado.
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Sin embargo, el proceso recibió un espaldarazo inesperado: la Procuraduría General de la Nación pidió negar la “muerte política” de la senadora.
Según el procurador delegado Carlos José Holguín, no se probaron los requisitos de tráfico de influencias ni la existencia de dádivas en la gestión realizada.
Por su parte, Isabel Cristina Zuleta se defendió asegurando que su actuación se limitó a una solicitud escrita en el marco del proceso de paz urbana liderado por el Gobierno. Argumentó que la extralimitación de la que se le acusa no es tal, pues los traslados para audiencias públicas son procedimientos recurrentes.
“Yo no presioné de manera indebida”, sostuvo la senadora ante el magistrado Germán Eduardo Osorio.
Mientras la Corte Suprema, la Fiscalía y la Contraloría avanzan en sus propias investigaciones, el Consejo de Estado deberá decidir si las acciones de Zuleta cruzaron la línea de la legalidad o si se mantuvieron dentro de su rol como mediadora política.
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