Foto: Fiscalía
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Minuto30.com-. La Fiscalía logró acreditar material probatorio para la captura de seis funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Bogotá y Cundinamarca por el presunto cobro de sobornos a contribuyentes, tres de ellos hoy capturados.
El fiscal de conocimiento, con apoyo de investigadores de la Dijín de la Policía, evidenció que los funcionarios, al parecer, cobraban entre cien y seiscientos millones de pesos a cada contribuyente para exonerarlos del pago de obligaciones y modificar sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora con la DIAN.
En el portafolio de servicios de la red criminal se encontró que:
La investigación se inició por una alerta de un contribuyente, quien advirtió que un funcionario de la DIAN le solicitó una suma de dinero para modificar una decisión dentro del expediente que se adelantaba contra su empresa, por mora en el pago de impuestos.
El ente acusador obtuvo órdenes judiciales para interceptar líneas telefónicas, realizar seguimientos e inspecciones, entre otras técnicas de policía judicial, con las que se evidenció la forma como operaba la red criminal.
En la primera fase de esta investigación los fiscales del caso recaudaron material probatorio para vincular a la investigación a la empresa Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda, cuyos directivos al parecer recibieron asesorías de los funcionarios de la DIAN, para cambiar la razón social de la empresa a Spai-Sons Commerce S.A.S, con el objeto de evadir la deuda con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Por este servicio, se tiene documentado que la red criminal habría vinculado a los funcionarios en la nómina de la empresa, y presuntamente les pagaron cien millones de pesos mensuales por el manejo de impuestos y rentas.
Personal del Grupo Anticorrupción de la Dijín de la Policía capturaron a nueve personas, que serán presentadas ante un juez de control de garantías de Bogotá.
Funcionarios de la DIAN:
Particulares:
El fiscal de conocimiento dispuso la compulsa de copias para iniciar el proceso de extinción de dominio de las empresas involucradas, como a los funcionarios y particulares que se lucraban de la actividad criminal.
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