El Gobernador de Antioquia denuncia presencia de grupos armados en escuelas rurales del Norte

Como un hecho de enorme gravedad y complejidad y de evidente violación al Derecho Internacional Humanitario, que protege a los niños, niñas y adolescentes, y muy especialmente a los espacios educativos, calificó esta mañana el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al denunciar públicamente la presencia de grupos armados ilegales que vienen haciendo patrullajes en centros poblados e instituciones educativas rurales en el Norte de Antioquia y algunos municipios del Nordeste.

Según explicó Gaviria, estos hechos se han conocido por información entregada en los últimos días por parte de la comunidad y diferentes instituciones, además, recalcó que la situación se agrava si se tiene en cuenta que los miembros de estos grupos ilegales vienen haciendo adoctrinamiento de los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas rurales y hay denuncias de reclutamiento de menores.

“Hemos querido ser prudentes en no entregar los nombres de las instituciones educativas para la protección de estas comunidades, de estos niños y de sus familias y adicionalmente de los docentes”, dijo, y agregó que estas acciones se han registrado en instituciones educativas especialmente de Yarumal, Campamento y San Pedro de los Milagros y los grupos ilegales identificados que viene haciendo presencia en estos lugares son las disidencias de las Farc, el Frente 36, miembros del llamado Clan del Golfo, y en los que tiene que ver con instalación de minas antipersona y otras violaciones, el ELN.

Aníbal Gaviria explicó, igualmente, que las pruebas en videos y los demás documentos que han recibido de los diferentes denunciantes serán entregados a los Ministerios de Defensa, Interior y Educación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y demás instituciones que deberán profundizar en las investigaciones.

El Gobernador de Antioquia insistió en la urgencia de una claridad en los protocolos para el alto al fuego y la suspensión de acciones como el secuestro y la instalación de minas antipersona que costaron la vida, en el mes de enero, a 12 miembros de la fuerza pública en Chocó y Antioquia.

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