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Opinión

Y tras del hecho Narcotraficantes

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daniel pena bayona

daniel pena bayona

Las negociaciones con la ex guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano no ocupan el primer lugar en los debates presidenciales y menos en la agenda pública como lo hacían hace cuatro años. Sin embargo, este tema será de suma importancia para el próximo gobierno bien sea de derecha o de izquierda, pues bajo artimañas del actual presidente se logró un tipo de blindaje jurídico que la misma Corte Constitucional aprobó para proteger lo “acordado” por 8 años más.

Sin lugar a duda, este ha sido uno de los fallos más cuestionados y debatidos que han emitido los magistrados de la Corte, en especial, por el cuantioso número de vacíos que dicho acuerdo contiene y que el 2 de octubre del 2016 fueron rechazados por la mayoría de los colombianos. Un golpe a la democracia que hoy en día se mantiene, auspiciado por las personas encargadas de proteger la misma Constitución.

Uno de los tantos puntos debatidos ha sido, el de considerar al narcotráfico como un delito conexo al delito político cuando se haya cometido para “financiar; promover y ocultar la rebelión”. En otras palabras, toda actividad relacionada con el narcotráfico -siembra, producción y comercialización- que haya desarrollado las FARC tendrá una reducción considerable en las penas, podrán ser amnistiables y lo más preocupante de todo, no se verán en la obligación de entregar los rendimientos derivados de dicha actividad.

Lo más preocupante de este punto del acuerdo, es el desconocimiento del contexto de dicha actividad, pues se sabe de antemano que fue la piedra angular para que las guerrillas marginaran sus ideales políticos y sociales, y empezaran a delinquir por todo el país hasta convertirse en uno de los carteles de droga más grandes del mundo según la DEA. A lo anterior se suma, los altos índices de violencia, desplazamiento y extorsión, que se gestaban alrededor del narcotráfico como actividad, siendo una de las causales más importantes de homicidio y enriquecimiento ilícito en las zonas marginadas del país. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC, ha mencionado en reiteradas ocasiones que el narcotráfico ha causado un alto costo social para los países latinoamericanos, en especial para Colombia pues ha sido el motor de las principales masacres ocurridas en el país, vale la pena revisar la violencia que tuvo lugar en la época de los Carteles del narcotráfico para comprobar esta hipótesis.

Es una necesidad inminente que el nuevo presidente de Colombia tenga como objetivo reformar este punto del acuerdo, eliminando escenarios de impunidad para las BACRIM y las nuevas guerrillas gaitanistas, y para que aquellas personas que bajo la bandera de la revolución, se enriquecieron a costa de un cáncer que por años a carcomido al país. El narcotráfico en ningún país del mundo -ni siquiera aquellos con conflictos internos- ha sido considerado un medio legítimo de financiación, Colombia no se debe prestar para ser el laboratorio de este experimento.

@DanielPenaB_

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