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Opinión

Rifi Rafes entre la justicia y la Fiscalía

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Fernando %C3%81lvarez El Vaquero Tiral%C3%ADneas

Fernando %C3%81lvarez El Vaquero Tiral%C3%ADneas

Que haya desavenencias entre en ente acusador y los jueces de conocimiento es un hecho mas o menos normal. La Fiscalía hace hoy lo que antes hacían los juzgados de instrucción criminal, cuando tenían que juntar a toda marcha un acumulado probatorio para que el juez de conocimiento resolviera y pudiera imputar cargos analizando las pruebas. En esa época era probable que se presentaran puntos de desencuentro. Pero que los jueces de garantías entren en franca contradicción con la Fiscalía no era predecible pero se ha vuelto un lugar común. En los pasillos de Paloquemao se dice con cierta ironía que en la fiscalía trabajan a resultados y le paran pocas bolas a la prueba. No entienden que para un juez se necesitan hechos, más que especulaciones.

Con Nestor Humberto Martínez Neira en la Fiscalía lo que parece necesitarse hoy son positivos y conseguidos a como dé lugar. Por eso no es tan extraño que sobre todo en los casos en que de alguna manera se cruzan intereses con Martínez, sus subalternos en un ejercicio de parecer más papistas que el papa, recurran a generar resultados sin importar la sustancia, por lo que los jueces de garantías terminan por ponerles polo a tierra. Al parecer es lo que ha ocurrido con el caso Mattos, en el cual en menos de tres semanas la justicia ha dado tumbos y da la impresión de estar en toda una rueda volante en la que como con la Chimultrufia, lo mismo se dice una cosa que la otra.

El hecho mismo de que Martínez Neira fuera el apoderado de Mattos justo antes de que empezaran sus líos jurídicos ha sembrado toda clase de dudas sobre la probidad y la imparcialidad del Fiscal en este caso, máxime cuando se ha sabido que desde su oficina de abogado, y ya ejerciendo como Fiscal en funciones, se le pasó al empresario una exorbitante cuenta de cobro que Mattos se negó a reconocer por cuanto el arreglo con el controvertido comerciante ecuatoriano Juan Eljure, para el cual fue contratado Martínez, se hizo con posterioridad a su renuncia como abogado de Mattos.

Lo que ha seguido después es un particular guerra mediática como arma fundamental de la Fiscalía en la que a punta de titulares prácticamente el empresario colombo español ha quedado subjúdice y estaría ad portas de ser enviado a la cárcel. Un proceso que por andar a las volandas con miras a obtener una orden de captura express terminó revocado por un juez de garantías, luego de espectaculares noticias en las que se mostraba a Mattos como un manipulador de sistemas de informática de la rama judicial y como un sobornador de empleados de medio pelo para alterar el rumbo de los repartos en los juzgados.

El caso se reversó básicamente porque según el juez de garantías no se ha llevado con rigor el debido proceso y no se han tenido en cuenta todas las pruebas aportadas por la defensa del empresario. Pero como por arte de magia al día siguiente de esta decisión jurídica saltó una contraofensiva mediática, con la ayuda de un periodista archienemigo de Mattos, el controvertido columnista Daniel Coronell, quien en extraña alianza con unos fiscales que quieren enlodar al Fiscal, ya que ellos pertenecen a la cuerda de su antesesor, soltaron una nueva perla.

Se trataba de otra investigación contra Mattos en la que supuestamente le daba dinero a través de intermediarios a una juez que ya había fallado en favor de Mattos, pero lo que era evidente era la intención de involucrar a Nestor Humberto Martínez cuando fue el abogado de Mattos. Algo así como un soborno a posteriori en el que se salpicaba al propio Fiscal. Este caso para los entendidos parece pegado con babas y no ha podido prosperar. Los videos muestran una juez que se contradice, que vacila y que se ve perfectamente libreteada frente a un fiscal intimidante y con preguntas conductistas . Al final de la semana pasada una juez de garantías se abstuvo de procesar a Carlos Mattos como persona ausente y suspendió por tercera vez la audiencia.

El argumento fueron las fallas logísticas y la funcionaria judicial dijo que “se deben agotar todos los mecanismos para que el señor Carlos Mattos asista al llamado de la justicia”. La titular de este despacho afirmó que una de las instancias consiste es hacer la solicitud ante el consulado de Colombia en España y recordó que cuando un nacional reside en otro país debe ser requerido por una autoridad judicial, desde las representaciones diplomáticas y se deben garantizar todas las posibilidades para que el imputado responda a ese llamado. En este caso con mayor razón porque Mattos es ciudadano español y la Audiencia Nacional de ese país ha dejado saber que velar por los derechos de sus ciudadanos es su prioridad, sobre todo cuando las solicitudes no tienen un soporte valedero o carecen de rigor procedimental.

La batalla jurídica de la Fiscalía no contaba con la independencia de los jueces colombianos ni con la majestad de los magistrados españoles. Al mejor estilo de una Banana Republic, tanto los fiscales como los periodistas aliados de la Fiscalía han subestimado la exégesis jurídica de los jueces colombianos, quienes no le han copiado a los argumentos acomodaticios de los fiscales ni a las presiones mediáticas. Pero si algo han subvalorado casi desde la ignorancia supina es que las altas cortes españolas y sus magistrados tienen perfectamente claro su bien jurídico a defender a la hora de que un ciudadano español sea enjuiciado por otro país y con mayor recelo si se trata de Estados poco garantes en materia de derechos.

La justicia española tiene en cuenta que en este caso existen evidentes intereses creados por parte del jefe del ente acusador y que el proceso a todas luces ha reflejado un manejo no muy sancto. Además ha recibido información que considera relevante respecto de que el ciudadano Mattos, español para los españoles, ha presentado pruebas de que es víctima de una persecución política por parte de la Fiscalía, por lo cual ha acudido a diversas instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la justicia de los Estados Unidos.

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