Foto: Archivo.

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Rappi S.A.S., por el presunto incumplimiento de 5 órdenes impartidas por el ente de inspección y control en agosto del presente año, esto tras evaluar la respuesta y los documentos presentados por la sociedad.

Según el comunicado de la Superindustria los 5 requerimientos incumplidos serían:

El presunto incumplimiento de Rappi al “indicar a los consumidores, de manera previa a la aceptación de la oferta realizada, la procedencia del derecho de retracto y de reversión de pago”, asegurando que esta procedencia fue limitada a la membresía de ‘RappiPrime”.

Igualmente el ente de control indicó que Rappi “aparentemente se sigue eximiendo de cualquier responsabilidad ante sus clientes, en las obligaciones que por ley le corresponden, como proveedor de servicios”, situación que fue ordenado a cambiar en las cláusulas del documento de términos y condiciones de uso de la plataforma, asegurando que se mantiene restringido “la posibilidad de hacer efectivas las garantías y de garantizar las vueltas exactas”.

Por otra parte también habría incumplido con una orden de “informar en sus plataformas, el precio total de los productos, incluyendo todos los impuestos, costos y gastos, sin que sea posible la modificación posterior al momento de aceptar la orden de compra dada por el consumidor… si bien Rappi informa al usuario el precio total del producto, sigue permitiendo su modificación posterior a la aceptación de la orden de compra”.

Además esta también habría incumplido con establecer de manera clara, “en los acuerdos de cooperación celebrados con sus aliados comerciales, la intervención de cada uno de los suscriptores del acuerdo frente a la efectividad de la garantía, dado que en los acuerdos implementados con sus aliados, Rappi se exonera de la responsabilidad solidaria que le asiste frente a la garantía legal, en los términos del Estatuto del Consumidor”.

Finalmente la Superindustria indicó que Rappi incumplió parcialmente la orden de “disponer en las plataformas de comercio electrónico, de mecanismos para la recepción de peticiones, quejas y reclamos al alcance de los consumidores, que garanticen el acceso a la información relacionada con su trámite, tiempo de respuesta y de solución”.

De comprobarse dichos incumplimientos la plataforma se vería obligada a pagar una multa de hasta por 1.000 salarios mínimos legales vigentes, alrededor de 821.000 millones de pesos.

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Redacción Minuto30

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