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Aprobada por la Corte la Ley de Amnistía para exguerrilleros

GuillermoRivera Ministro del Interior, Guillermo Rivera. Foto: Archivo
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Ministro del Interior, Guillermo Rivera. Foto: Archivo

La Corte Constitucional colombiana dio luz verde a la Ley de Amnistía, parte fundamental del acuerdo de paz entre la desmovilizada guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano que da seguridad jurídica a los excombatientes.

El presidente del alto tribunal, Alejandro Linares, declaró en rueda de prensa “la exiquibilidad (que procede) de la mayor parte de los artículos de la Ley de Amnistía”, con la excepción de algunas modificaciones puntuales que hicieron sobre varios artículos.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, celebró la decisión de aprobar esa ley, “la primera de un conjunto de leyes que se aprobaron en la implementación del Acuerdo de Paz”, y reconoció el derecho de
la Corte Constitucional de “modular esa sentencia” y establecer “una serie de condicionamientos” para garantizar “los derechos de las víctimas”.

Una de las modificaciones que estableció el alto tribunal colombiano fue declarar no amnistiable el reclutamiento de menores de 18 años cometido después del 25 de junio de 2005, cuando los tratados internacionales suscritos por Colombia cambiaron el criterio de edad para considerarlo un crimen de lesa humanidad de los 15 a los 18 años.

Además, la Corte también estableció como condición ineludible que los exguerrilleros colaboren con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contar la verdad sobre sus crímenes para poder acogerse a la amnistía.

La Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso de Colombia en diciembre de 2016 y perdona a todos los miembros de las FARC excepto a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.

También contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que cometieron crímenes dentro del conflicto armado, excepto los crímenes que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.

La ley beneficiará aproximadamente unos 6.000 miembros de las FARC procesados por delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros.

EFE



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