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Seguridad, Justicia, Política y Tierras

Por: Andrés Julián Rendón

Aunque el gobierno de Santos se ufana de su talante reformador, a mitad de su mandato sus más cacaraqueadas iniciativas siguen siendo logros de papel.

Por: Andrés Julián Rendón

Con su ley de víctimas y restitución de tierras subestimó lo que vía “reparación administrativa” venía logrando la administración de Uribe en favor de las víctimas; reconoció la existencia de un “conflicto armado interno”, como si esta no fuera una democracia amenazada por narcoterroristas; y agitó la lucha de clases, vulnerando un principio caro en el sostenimiento del orden público (mantener el statu quo) y señalando a los empresarios del agro de usurpadores de tierra campesina.

Su reforma a la justicia, en lugar de hacer de ésta un instrumento ágil, eficiente y expedito de disuasión frente al crimen, compuso privilegios entre los distintos poderes públicos y desestimó el clamor ciudadano de dotar a Colombia de una mejor justicia y de unas condiciones de estabilidad jurídica que revitalizaran la moral de la Fuerza Pública. Con las consecuencias ya conocidas, Santos armó un incendio con un proyecto que parecía más una reforma política para perpetuar privilegios y luego fungió como bombero para quedar bien ante la opinión pública.

A continuación se expone, con ánimo propositivo, lo que sigue pendiente en el país en las áreas de seguridad, justicia, política y tierras.

En materia de seguridad no se puede contemporizar con terroristas. Sin importar lo que acontezca en La Habana-Oslo, es clave volver a la micro gerencia de cuidar kilómetro a kilómetro, cabecera a cabecera, torre a torre; así como es imperativo la tranquilidad de combate para nuestros Soldados y Policías con las reformas necesarias al fuero militar.

En cuanto a la justicia, se requiere una verdadera reforma que empiece por dejar la Política Criminal sólo en cabeza del Presidente de la República, y le de la eficiencia y agilidad requerida por el sector para combatir los grupos armados ilegales desafiantes de la institucionalidad colombiana. Lo primero exige a la Fiscalía pasar a ser de una vez por todas parte del Ejecutivo; lo segundo exige más rendición de cuentas por cuenta de los agentes del sector justicia y más ojos escudriñando su desempeño. A la rama judicial no sólo le falta mejor financiación; le faltan indicadores, gerencia, buen desempeño y buena veeduría sobre la aplicación de sus recursos.

Mucho hay por hacer para mejorar aún la política. Por ahora es clave retomar la idea del Ex Presidente Uribe del Congreso Unicameral, así como avanzar en la discusión del sistema electoral mixto, eligiendo no sólo el Congreso sino las Corporaciones Públicas por el sistema proporcional actual y por el de distritos electorales unipersonales. Idealmente, será determinante contar con un régimen Semi-Presidencialista.

Finalmente, es importante tocar la competencia local de manejar el impuesto predial en aquellos sitios donde no funciona. Este impuesto no sólo debe servir para darle más autonomía fiscal a los municipios, sino para dinamizar el mercado de tierras rurales (vía venta o arrendamiento), gravando la propiedad a bases catastrales próximas al verdadero valor comercial y con tarifas que premien la utilización de la tierra en línea con la vocación de uso del suelo. Mucho se haría en materia de distribución del ingreso procurando un mejor uso del impuesto a la propiedad en Colombia. En Estados Unidos y Canadá logró no sólo una mejor utilización de la tierra rural. También posibilitó, a finales del siglo XIX, que estos países alcanzaran altas tasas de cobertura en su educación básica.

Este es un espacio de opinión que refleja exclusivamente el punto de vista de su autor. Para nada compromete el criterio editorial de Minuto30.com

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