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Un paso histórico

LA LOCOMOTORA AGRÍCOLA

El Presidente Santos se ha propuesto alcanzar una tasa de crecimiento sostenido del PIB por encima del 6% y así quedó consignado en su Plan de Desarrollo Prosperidad para todos, como premisa para reducir la tasa de desempleo abierto a un solo dígito. Al definir la estrategia para alcanzar tales objetivos identificó con su equipo económico cinco sectores con alto potencial de crecimiento, llamadas metafóricamente locomotoras del crecimiento.

Amilkar D. Acosta M.

Se destaca entre ellas la agricultura, sector este que no obstante ofrecer un gran potencial de crecimiento se ha mantenido por décadas rezagado con respecto a los demás. Según el experto Juan José Perfetti, “la producción creció durante la primera parte de la anterior década colocándose por encima de la registrada en el período 1990-1999, pero desde el año 2005 la producción agrícola total se mantiene alrededor de los 25 millones de toneladas” . Particularmente entre 2002 y 2010 su crecimiento se contrajo a la mitad del crecimiento del PIB total, su raquitismo fue tal que fue el sector que menos aportó a este último, a tal punto que su crecimiento el año anterior fue nulo. Y no es para menos, habida cuenta que de 21.5 millones de hectáreas aptas para la agricultura, a duras penas se cultivan 4.2 millones.

 

REFORMA Y CONTRAREFORMA AGRARIA

Para reactivar este sector es menester una reformulación de la política agrícola, la cual pasa por una reforma agraria de fondo que contrarreste los nefastos efectos de la contrarreforma agraria que se gestó con el malhadado Acuerdo de Chicoral , que dio al traste con la Ley 135 de 1961 de la administración Lleras Restrepo, último intento de una reforma agraria integral y democrática. Ello es tanto más urgente e inaplazable luego de la tragedia humanitaria, como calificó las Naciones Unidas el despojo a sangre y fuego entre 1980 y julio de 2010 de por lo menos 6’638.195 . Ello explica en gran medida la gran concentración de la tenencia de la tierra en Colombia; el mejor indicador es el coeficiente Gini de la propiedad rural que alcanzó el 0.875 en 2010, sólo superado en la región por Paraguay. Es muy diciente que mientras en 1954 el 3% de los propietarios concentraba el 55% de las tierras, en el 2005 el 0.4% se ha hecho acapara el 62.8% (¡!) de las mismas.

Concomitantemente, aparejado al despojo de tierras en el último cuarto de siglo (1985 – 2010) se dio en Colombia el mayor éxodo del campo en toda su historia. Al fin y al cabo, según el Banco Mundial, el 60% de quienes se vieron forzados a cambiar de residencia era propietario de las tierras que les fueron arrebatadas violentamente. Según cifras de la ONG Consultora para los derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), por lo menos 5’195.620 personas fueron desplazadas en Colombia por cuenta de la violencia, ya que su vida, su integridad física y su libertad corrían serio peligro. Sólo en el 2010 se vio desplazado un total de 280.041 compatriotas a causa del conflicto armado interno, así como de otras manifestaciones de la violencia política y social, más cruel y cruenta que la que se desató en 1948 luego del aleve asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. Esto significa que en los últimos 25 años 208.000 personas en promedio han padecido el desplazamiento forzado; casi 12 colombianos de cada 100 ha sido víctima de este ominoso flagelo; con razón, Colombia ocupa el ignominioso primer lugar en el mundo en desplazamiento interno de su población .

SÍ HAY CONFLICTO ARMADO INTERNO

Durante el prolongado gobierno del ex presidente Alvaro Uribe nunca se reconoció la existencia del conflicto armado interno, por considerarlo “como equivalente técnico del concepto guerra civil” pues para él de lo que se trataba era de una amenaza terrorista. Y claro, para ser coherentes, si aquí no hay conflicto armado interno tampoco puede haber desplazamiento que es una de sus consecuencias; por ello, el Asesor presidencial e ideólogo de la “doctrina” uribista José Obdulio Gaviria afirmó sin pestañear, contra toda evidencia, que “nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración” . Esta extravagante tesis llevó al Gobierno Nacional a invisibilizar el fenómeno del desplazamiento y tuvo que intervenir la Corte Constitucional para modo de que se le prestara la atención debida a quienes sufren este drama tan dantesco .

No es casual, entonces, que el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno se convirtiera en el busilis del trámite de la Ley 1448 de 2011 de restitución de tierras y reparación de víctimas que acaba de ser sancionada por el Presidente Santos. “Hace rato que hay conflicto armado en este país” , aseveró el Presidente Santos, marcando distancia con su antecesor, quien insiste contumazmente en solitario en que aquí “no hay conflicto, no hay guerra, vivimos una amenaza terrorista” . Este aspecto junto con el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado para efectos de la reparación de estas, estuvieron a punto de hacer naufragar esta importante iniciativa por segunda vez. Al final, se impuso la sensatez y gracias a ello el país ha dado un paso histórico, apenas equiparable con aquel momento cenital de la historia de Colombia cuando el entonces Presidente Alfonso López Pumarejo en el curso de su Revolución en Marcha expidió la Ley 200 de 1936. Con esta Ley la administración Santos retoma el hilo conductor de la tradición del Partido Liberal; por ello, no exagera la revista Semana al señalar que “Santos se juega su puesto en la historia” con esta ambiciosa Ley. Y él así lo entendió, cuando expresó al momento de radicar personalmente el proyecto ahora convertido en Ley que “si esta Ley se aprueba, habrá valido la pena ser Presidente” .

DURA Y ARRIESGADA APUESTA

Pero, la tarea apenas empieza y no estará exenta de tropiezos y obstáculos; no hay que caer en el fetichismo normativo, al pensar que basta con cambiar la norma para cambiar la realidad. Ya se ha hecho sentir la férrea resistencia a la misma por parte de los usurpadores y seguramente seguirán tratando de atravesarle palos a las ruedas de la historia tratando de detenerla. De hecho, en lo que va de este período de Gobierno han sido asesinados 22 líderes defensores del proceso de restitución de tierras; esta misma semana fue asesinada Ana Fabricia Córdoba, una de las más caracterizadas y corajudas líderes de quienes luchan por la restitución de tierras en la convulsionada región del Urabá. También hay enemigos agazapados de la Ley que estarán al acecho a la espera de ver el modo de entorpecer su cabal ejecución. Ya habíamos advertido sobre el riesgo que entraña el proyecto de acto legislativo que está para sanción presidencial, mediante el cual se establece como principio (ahora como criterio) constitucional la sostenibilidad fiscal. No obstante que ni este proyecto ha sido sancionado, ni el proyecto de Ley a través de la cual se establece la Regla fiscal tampoco y ya quedó establecido en esta Ley para efectos de su aplicación se debe “tener en cuenta la sostenibilidad fiscal” . También se advierte que en desarrollo de la esta Ley se “creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que propenda por la sostenibilidad de la ley” Este hecho llevó a espetar al Senador de la U Roy Barreras que se había salido con la suya, pues “aprobando la sostenibilidad fiscal, dejando sin piso la Ley de víctimas” . En efecto, la sostenibilidad fiscal puede llegar a convertirse en el freno de mano que impida la marcha de esta Ley con la celeridad esperada . Por lo demás, no basta con garantizar la restitución de las tierras y con asegurar el retorno de quienes fueron sometidos al desarraigo y al extrañamiento, tales medidas deben ser complementadas con otras que les permita a estos cultivar la tierra y de esta manera ampliar la frontera agrícola que tanto requiere el país. Nada de ello será posible sin la depuración y fortalecimiento de las instituciones del Estado, cooptadas y copadas en muchas regiones del país por los violentos de toda laya y condición. Este es un compromiso insoslayable de todas las fuerzas democráticas del país, porque lo que está en juego es el futuro de este país, escarnecido y asolado por la violencia de todas las pelambres.

Al ponderar la importancia y trascendencia de esta Ley, el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, invitado de honor y testigo de excepción de la sanción presidencial de esta Ley, manifestó que el paso dado por Colombia es “fundamental para comenzar a resolver el conflicto que el pueblo colombiano ha soportado durante décadas” y la consideró además como “un camino para construir una paz verdadera” . El Presidente Santos, que se precia de ser un buen jugador de poker, tiene en esta Ley una dura y arriesgada apuesta. Por el bien de Colombia hacemos votos por la implementación exitosa de esta osada iniciativa legal, en la que Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, Senador y Representante por el Partido Liberal respectivamente, se jugaron todo su capital político y el de la colectividad roja para sacarla adelante. Lo propio podemos decir de los ministros de agricultura e Interior y Justicia, Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas, respectivamente. A todo señor todo honor. Enhorabuena!

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[1] Ley 1448 de 2011. Artículo 9º

[1] Ley 1448 de 2011. Artículo 19º

[1] El Nuevo Siglo. Citado por La Barca de calderón. Diciembre, 13 de 2010

[1] Amylkar D. Acosta M. Un grave predicamento. Mayo, 27 de 2011

[1] www.elpais.com. Junio, 11 de 2011

[1] Idem

Este es un espacio de opinión que refleja exclusivamente el punto de vista de su autor. Para nada compromete el criterio editorial de Minuto30.com

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