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Nicolás Pérez

2021: Un reto que comienza ya

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Nicolas Pérez Conéctate

Mitigar el impacto social de la pandemia es el presente, de eso no hay duda, pero desde ya debemos empezar a estructurar la recuperación económica del País. Si nos enfrascamos indefinidamente en esta crisis cerramos por completo las perspectivas de crecimiento y la reactivación comercial del segundo semestre de este año y del 2021 se quedará en meras expectativas.

Ante todo, debo señalar que las medidas tomadas en los últimos 4 meses han sido acertadas. Las líneas de crédito especiales de los bancos de segundo piso, los préstamos del sector financiero con respaldo del Fondo Nacional de Garantías, el ingreso solidario, la devolución del IVA o el subsidio parcial de las nóminas son tan solo algunos de los programas creados para que la cuarentena no se tradujera en un País con hambre.

Sin embargo, estas acciones son transitorias y si bien es verdad logran ayudar en el corto plazo, tanto su sostenimiento fiscal como su eficacia en el mediano y largo plazo no están del todo aseguradas.

Por eso, es urgente que desde el Estado empecemos a diseñar planes concretos que nos permitan recuperar la senda de crecimiento que vimos el año pasado, donde logramos la mayor cifra de turistas de la historia y registramos el incremento del PIB más alto de los últimos 5 años. Al fin y al cabo, el desempleo de 21.4% no va a disminuir con discursos románticos.

En este contexto, es bastante positivo que el Gobierno haya anunciado la puesta en marcha de un “Plan Marshall” en Colombia, lo que se traduce en un robusto programa de inversiones, principalmente en infraestructura, para reactivar la generación de empleo en los próximos años.

Al respecto, a diferencia de otros sectores las inversiones en infraestructura traen beneficios concretos tanto en el corto como en el mediano plazo. Por ejemplo, la construcción de una autopista no solamente implica la contratación de personal y de los insumos de las obras, sino que una vez finalizada reduce los costos de transporte y aumenta la competitividad de las regiones.

No obstante, aunque la propuesta es necesaria para pensar el País post-Covid, debemos ser bastante precavidos en la forma de financiación de esas inversiones. Me explico:

Colombia cerró el 2019 con un endeudamiento que representó el 50.3% del PIB, lo cual nos ubicó como el noveno País con mayor deuda de la región. No obstante, a raíz de la crisis el Ministerio de Hacienda proyectó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es la hoja de ruta económica del Gobierno, que ese concepto ascendería al 65.6% en 2020.

Es decir, nosotros terminaríamos este año debiendo un aproximado de $696.6 billones, lo cual equivale al 63.5% del plan plurianual de inversiones establecido en el Plan de Desarrollo 2018-2022 y 2.56 veces el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2020.

Lo anterior, implica que como País debemos ponerle un freno a la financiación del gasto público con deuda, dado que nos arriesgaríamos a ser evaluados de manera negativa por las calificadoras de riesgo que son determinantes para que, por un lado, los inversionistas extranjeros decidan traer su dinero a Colombia y, por otro lado, nuestros acreedores no aumenten las tasas de interés de los préstamos.

Asimismo, tampoco es una opción viable que aumentemos los impuestos en estos momentos para hacer realidad dichos proyectos. Con una economía tan golpeada, asfixiar al sector privado sería un verdadero suicidio.

¿Qué hacemos entonces?

Muy sencillo: el Gobierno debe meter el acelerador para aprobar los proyectos de inversión que sean financiados exclusivamente por el sector privado a través de asociaciones público-privadas (APP). Este modelo implica que el empresario es quien se encarga del pago de la construcción y durante un plazo promedio de 20 a 30 años explota económicamente el bien hasta recuperar el dinero invertido. Al finalizar este término, la obra pasa a ser propiedad del Estado.

Bajo esta lógica podríamos materializar cientos de proyectos como autopistas o estadios a lo largo y ancho del País a costo cero para el Estado, pero con un incalculable beneficio social de creación de empleos formales y reactivación económica.

Actuar de otra forma, sería tapar un hueco para abrir otro, sin mencionar que no es responsable que el País siga acudiendo indefinidamente a las vigencias futuras como fuente de financiación de proyectos. Nada más recordemos que a raíz de las decisiones tomadas en el Gobierno Santos el sector transporte tiene comprometido el 60% de su presupuesto para pagar deudas hasta el 2030.

Por supuesto que continuaremos trabajando para mitigar el impacto del Covid, pero no proyectar desde ahora la reactivación económica del 2020-2021 nos llevaría a estancarnos en un interminable pantano del cual no podremos salir fácilmente en el futuro.

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