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Los “oenegeros”, una amenaza para la democracia

Causas dignas como la defensa de los derechos humanos o el medio ambiente han sido apropiadas por grupos que se sirven de estas herramientas para fines políticos sectarios o como cobertura de tramas de corrupción.

Guillermo Hirschfeld (*)

Forma parte del sano desenvolvimiento de una sociedad moderna que los ciudadanos que la constituyen se agrupen en ejercicio de su libertad de asociación, formen organizaciones para defender sus derechos o los de otros. Se trata de un propósito noble que enriquece a la democracia. Sobran los ejemplos de asociaciones cuyo altruismo sin lugar a dudas han contribuido a fortalecer la posición de ciudadanos desfavorecidos: las asociaciones de víctimas del terrorismo en España, grupos de defensa de derechos humanos y organizaciones caritativas en los Estados Unidos y otros países que brindan una red de contención mediante sentimientos tan puros como la caridad y el altruismo.

Sin embargo, durante los últimos años hemos asistido con preocupación a sucesos que nos demuestran de forma contundente cómo este modelo asistencial ha degenerado en un negocio de agitación política y corrupción. Representa una metamorfosis perversa que es necesario denunciar.

Observamos de qué modo causas tan dignas como la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos de los indígenas o la exigencia de justicia ante los brutales atropellos a los derechos humanos en América Latina han sido secuestradas por agrupaciones políticas. Estas asociaciones no persiguen los fines nobles que dicen representar, sino que buscan un rédito político, cuando no económico, que con procedimientos morales y convencionales no podrían alcanzar. Porque son una tapadera con un maquillaje perfecto para ocultar tramas de corrupción que no sólo obstaculizan el desarrollo, sino que además encierran un círculo de tráfico de poder e influencia que incluye al poder político.

La trampa consiste en que algunas facciones políticas que no obtendrían el porcentaje mínimo de votos que se requiere para obtener representación en las instituciones democráticas, se transforman en ONGs (Organizaciones no gubernamentales) que actúan como poderosos grupos de presión sobre la democracia.

En definitiva, se trata de un mecanismo de tráfico de poder entre grupos de interés que no tienen representación popular en las instituciones. Estamos hablando de una perversión del modelo democrático liberal que sometería constantemente a coacciones a los verdaderos representantes de la voluntad popular.

La trama se disfraza de participación política cuando en realidad es la política de la menor participación, la imposición de la voluntad de una minoría ruidosa sobre una mayoría silenciosa.

Así las cosas, este modelo perverso adopta diversas formas. Desde ONGs de países nórdicos que, pregonando para otros lo que jamás se atreverían a apoyar para ellos mismos, desvían fondos para oxigenar a bandas terroristas como las FARC, hasta supuestos medioambientalistas que paralizan la construcción de industrias e infraestructuras alegando falsamente que éstas deterioran el medio ambiente, negando así el desarrollo a los sectores desfavorecidos.

Al principio, algún ingenuo pudo pensar que se trataba simplemente de una manifestación de esnobismo político llevado a la máxima expresión, pero con el tiempo la realidad nos ha demostrado que se trata de un fenómeno muy articulado que puede llegar a ser una amenaza real para el orden democrático.

Sergio Mauricio Schoklender es un abogado, psicólogo y empresario argentino, que cobró notoriedad tras ser condenado, junto a su hermano menor Pablo, por el asesinato de sus padres en 1981. Una vez cumplida la condena por parricidio, Schoklender se ganó la confianza de la controvertida Hebe de Bonafini y fue contratado por la agrupación Madres de Plaza de Mayo como apoderado.

En junio de 2011 Schoklender protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Argentina. La Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, dotada de un presupuesto millonario merced a las subvenciones del Estado comenzó a construir viviendas populares, un “negocio” gestionado por Schoklender y que reportó a la fundación millones de dólares en beneficios. Existen sospechas fundadas de que el apoderado malversó los fondos públicos de los que disponía la fundación. Las sospechas recaen, en concreto, en sub-ejecución de obras, sobreprecios y emisión de cheques sin fondos. Las preguntas son muchas, pero la más importante: ¿es acaso el objetivo de una fundación que agrupa a víctimas de un gobierno represor transformarse en una de las principales empresas constructoras del país?

Podría parecer un hecho aislado, pero los casos se repiten por todo el continente, donde podemos ver cómo ONGs que dicen defender derechos de pueblos indígenas frenan las explotaciones mineras argumentando la profanación de sus tierras ancestrales y de “la pachamama”, otros impiden el desarrollo de infraestructuras, y quizá los más atrevidos y manipulados argumenten que el cultivo de coca forma parte de un procedimiento ritual sagrado y así logran impedir la lucha eficaz contra el narcotráfico.

Como podemos ver, el asunto se las trae, ya pasa de la anécdota a la categoría de riesgo para la democracia moderna. El fenómeno también ha llegado a España. En este caso a través del denominado movimiento 15M y sus Indignados. Es un modelo asambleario, sin referentes ni jerarquía (lo que exime de responsabilidad al movimiento por actos fuera de la ley: “somos todos, no es nadie”).

Un movimiento que sostiene que la democracia española no es tal, y que exige una etérea, difusa e incognoscible democracia “real”. Raudamente, profesionales del “oenegerismo” se han hecho con el control y mando del movimiento para poner en jaque a las instituciones, por ejemplo cercando el Parlamento de Cataluña, o canalizando su ira sólo hacia al sector del espectro político que verdaderamente detestan: todo lo que está a la derecha de la izquierda.

Pero en todos los casos la gimnasia es la misma: parapetarse detrás de una causa que nadie pueda rechazar, utilizar mecanismos de presión para obtener fines políticos en algunos casos o partidas presupuestarias del Estado o de la cooperación Internacional en otros, y por último, el ardid culmina haciendo creer a la población que sólo la democracia participativa (que por cierto, es la menos participativa de todas) permite que el Estado se rija por la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, la historia nos demuestra que es el Estado moderno con democracia representativa y separación de poderes el que garantiza el control de los gobernantes por los ciudadanos.

(*) Guillermo Hirschfeld es profesor de Derecho y politólogo. En la actualidad, es Coordinador de Programas para América Latina de la Fundación Faes (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, de España)

Con información de América.Infobae.com

Este es un espacio de opinión que refleja exclusivamente el punto de vista de su autor. Para nada compromete el criterio editorial de Minuto30.com

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