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    El verdadero post-covid: cultura de la legalidad y formalización laboral

    Por: Maximiliano Valderrama Espinosa

    Nadie, absolutamente nadie, esperaba que en pleno siglo XXI contando todos los avances tecnológicos y científicos que tenemos a disposición, estuviéramos por cuenta de un virus, encerrados en nuestras casas con el propósito de salvar vidas, aplicando esa técnica milenaria llamada cuarentena.

    Es importante destacar que este asunto del aislamiento social se produce a raíz de la incapacidad real de los países y en particular de sus sistemas de salud, de poder atender simultáneamente y de la mejor manera, a un número de contagiados con síntomas graves, los cuales en un momento dado y ante la gravedad de sus síntomas, colapsarían la disponibilidad de aquellos recursos finitos que han sido puestos a disposición de los ciudadanos aumentando de paso los niveles de mortalidad por cuenta del virus.

    Es claro que en tiempos de crisis, por cuenta de la naturaleza humana lo más fácil es ser “inteligente de para atrás”, y es en estos precisos momentos donde algunas personas (e incluso empresas) con intereses soterrados con el apoyo de medios de comunicación motivados más por la pauta que por un verdadero compromiso social (liderados estos más por activistas que por periodistas), empiezan a cuestionar todo, a proponer “mejores soluciones” y a fomentar en el público imaginarios donde a la larga, algunos mercaderes de las frecuencias moduladas, llegan al punto de intermediar en compras de equipos por parte del estado a precios muy por encima de lo normal, equipos que en el largo plazo no se requerirán en la misma medida y, después de superada la crisis, se arrumarán y serán una especie de colección de museo, donde como activos fijos, esperarán a ser dados de baja de los inventarios de aquellas entidades que, sin aprender de lo vivido, serán incapaces de cederlos a otras instituciones que los necesitarán para su normal funcionamiento.

    Por otra parte, también en tiempos de crisis, la mayor parte de los políticos empiezan a mover sus hilos de poder, promoviendo acciones colmadas de “solidaridad y empatía”, con las cuales buscan en esencia cosas como cubrir la incapacidad presupuestal para ofrecer ayudas a los más necesitados, hacer proselitismo y de paso aceitar el engranaje de las relaciones entre grandes empresarios y el sector púbico. Es en ese momento donde las mayores grandezas de las estrategias públicas, en la premura de lo inmediato, se tornan en cuentas para recibir donaciones para ayudar a “aquellos que más lo necesitan”.

    Y… ¿quiénes son aquellos que más lo necesitan?

    Para la mayoría de los políticos colombianos la lógica al momento de definir a quienes ellos mismos llaman los más necesitados, es considerar de inmediato a las poblaciones vulnerables; poblaciones que no tienen la capacidad de entender que las ayudas que llegan, no tienen nombre ni apellido, y mucho menos son ese cheque en blanco que firman para ser cobrado, y sin darse cuenta, en un par de años. Es fácil dar a quienes no tienen nada que perder y mejor aún con recursos que son públicos, ayudas que al final si pudiéramos hallar su valor futuro, equivalen claramente a unas tejas, un tamal o al mismísimo Rafael Nuñez impreso en papel valor.

    El problema de la pandemia por el Covid en Colombia es que la equiparan con una de esas ya vividas tragedias donde hay damnificados que habiendo tenido nada, lo han perdido todo. El problema del estado y de muchas de las entidades que teniendo un manejo privado se sirven de recursos públicos para implementar las estrategias, es que no han entendido que lo que el Covid ha logrado destacar en poco más de un mes y medio, son los problemas estructurales del país en todo nivel, no sólo en el escenario sanitario. Un país donde, por ejemplo, la adversidad de las nuevas condiciones para sobrevivir de un fami, un micro, un pequeño o un mediano empresario, los hacen cada vez más, especies en peligro de extinción, lo anterior sin considerar las dificultades que tienen los contratistas por prestación de servicios o aquellos llamados trabajadores independientes.

    En Colombia el trabajo formal es y será prácticamente un lujo para quienes pueden soportarlo como empresarios o independientes, quedando claro, además, que las cargas tributarias y los aportes a seguridad social no implican garantías en momentos de dificultad.

    Ahora bien, además de las ayudas vía solidaridad, que siendo políticamente incorrectos se equiparan más a dar limosna en un semáforo que en realmente enseñar a pescar, llegaron en medio del Covid los decretos emanados a partir de la declaratoria de emergencia económica, decretos que en el ámbito empresarial iban dirigidos a aquellos empresarios formales a través de mecanismos crediticios donde no hay alivios ciertos, y en el más reciente, de apenas hace un par de días, a los empleados formales, según palabras del propio ministro de hacienda “(…) tengan la certeza que vamos a hacer un apoyo de nómina hasta el máximo posible en el cual los trabajadores formales de más bajos ingresos reciban un porcentaje de su sueldo, porcentaje mayor que el de más altos ingresos. Una cosa progresiva, eso lo vamos a hacer estamos terminando lo números y es un compromiso que quiero adquirir”.

    Queda claro entonces que el Gobierno le apunta a ayudar a una porción minoritaria de quienes conforman y mueven el aparato productivo del país; minoritaria si se consideran los altos niveles de informalidad laboral que existen en Colombia (cercanos estos al 50%, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE).

    Es claro que después de la pandemia se requerirán soluciones más allá de las ofrecidas por modelos netamente asistencialistas que, no proporcionan soluciones pensadas para el largo plazo, sino que, en Colombia, pretenden establecer relaciones clientelistas con cuentos de “mínimos vitales”, y que mueven en sus agendas con milimétrico cálculo politiquero grupos que se la pasan promulgando modelos nórdicos para un país cuya carga tributaria es menos de la mitad de la que tienen aquellos países, con un PIB actual per cápita que puede ser entre 7.5 a 12.3 veces menos que el de esos países nórdicos (dependiendo el país a comparar[1]). Esto, sin considerar aún, el impacto que tendrá para el cálculo del PIB de Colombia, la acelerada devaluación del peso y el precio del petróleo por debajo de las expectativas establecidas con fines presupuestales.

    Dichos modelos asistencialistas son difíciles de implementar en un país como Colombia: no se cuenta con los recursos y mucho menos con la cultura de la legalidad, la cual es esencial para promover reformas tributarias de avanzada que retribuyan en beneficios reales tanto para empresarios como empleados, así como para proteger los mercados locales de fenómenos tan nocivos para la sociedad como lo son el contrabando y la evasión de impuestos, que a la larga afectan las circunstancias en las cuales los empresarios pueden generar empleo con al menos el cumplimiento de las mínimas condiciones (para muchos mejores condiciones), dado que compiten con un ilimitado número de ilegales, que aprovechan la laxitud y la falta de estado a la hora de promover incluso algunos modelos de negocios “exitosos” que se benefician no sólo del lavado de dinero, sino también de ofrecer productos o servicios cuyos insumos han llegado al país sin cumplir con aranceles, o contratando mano de obra sin remunerar las prestaciones de ley.

    Es cierto, después de la pandemia se van a perder aún más empleos en Colombia, pero tengan la plena seguridad que la mayoría de empleos que ya se están perdiendo, corresponden a aquel universo conformado por empresas que venían haciendo fuerza mes a mes para cubrir sus costos, y por empleados independientes; independientes que en la más reciente reforma tributaria terminaron siendo “abrochados” con más tributos, y que seguro no verán, pese a ser sujetos activos tributarios y a estar afiliados al sistema de seguridad social, ayuda alguna por parte de un Gobierno, que sin importar quien está al mando del mismo, ha sido incapaz durante las últimas décadas de promover unas condiciones que, con sólo hacer cumplir la ley, serían las adecuadas.

    Si el post-covid necesitara un nombre, debería ser: cultura de la legalidad y formalización laboral. Ahora bien ¿está Colombia preparada para ello? La verdad, no creo.

    [1] Fuente: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. GDP per cápita (current US$), Most recent year 2018. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=true

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