No más “pordioseros” de la salud en Colombia

La Ley 100 de 1993 necesita una profunda reforma. Esa es la única manera de garantizar un sistema de salud oportuno y de calidad. Llevar a cabo esta reforma necesita compromiso ético, pero sobre todo social. El Congreso de la República tiene, si se quiere, una deuda moral con los colombianos frente a la necesidad de mejorar la prestación de servicios de salud.

Y es que la falta de autorización en servicios, acceder a la tutela para defender un derecho que es fundamental, la falta de medicamentos, las demoras en la agenda de citas son solo algunos de los dolores de cabeza que a diario debemos enfrentar los colombianos especialmente los de menos recursos porque con la salud en Colombia pasa todo. Especialmente una red de corrupción infame.

Solo en 2017, la Fiscalía General de la Nación ha judicializado 203 personas entre funcionarios públicos y particulares vinculados a 41 casos investigados que han desfalcado la salud de los colombianos en $451.225 millones.

Si esto lo indigna, querido lector, déjeme decirle que además de los carteles de la hemofilia, del Sida y del Síndrome de Down, ya la Fiscalía tiene en la mira los carteles de tratamientos odontológicos y hasta de las gafas.

No es posible que en este país la gente se muera esperando una cita médica, una cirugía de urgencia o un tratamiento médico, mientras la plata para la salud se pierde en al menos 18 rutas identificadas por la propia Fiscalía, como por ejemplo recobros por servicios que no están en el POS y que realmente no se realizaron; inversión de los recursos en planes que no tienen que ver con los servicios de salud, cobros por servicios no prestados, recobros por tratamientos de alto costo, pagos a dedo, facturaciones falsas. En fin, una serie de situaciones bochornosas que nos avergüenzan como colombianos pero que nos obligan a actuar exigiendo cambios de fondo y forma para que no sigan las muertes por negligencia, por un sistema de salud inviable que socava recursos públicos y sigue cubriendo la pirámide de corrupción en el país.