No dejen sin licencia el futuro

El Ministerio de Transporte cerraba el año con una de las declaraciones más erradas y contradictorias en la que va corrido del gobierno del presidente Iván Duque.

La ministra Ángela María Orozco el pasado 12 de diciembre, le recordaba a las autoridades la capacidad, competencia y obligación que tienen para cancelar la licencia a los conductores que trabajen con plataformas como UBER, Cabify, Beat y Picap. Un golpe directo a la economía naranja y al prendimiento, bastión de campaña del hoy mandatario de los colombianos.

La economía colaborativa -parte de la economía naranja- de la cual se derivan las empresas como Uber, basan su estructura en la prestación o venta de productos y servicios en función de necesidades específicas. “Por ejemplo, una persona que pueda ofrecer alojamiento a otra durante unos días, puede intercambiar este servicio por unas clases de inglés o francés.”

Lo mismo sucede con las personas que tiene automóvil y lo ofrecen como medio de transporte alternativo y es que, ¿quién no ha utilizado alguna vez un carro particular para movilizarse? Todos, incluso hasta los que hoy lo quieren declaran “ilegal”.

Para empezar, se debe aclarar que el problema no radica en una dualidad absurda entre Taxis o Uber, pues solo en Bogotá existen 6 millones de potenciales usuarios que ninguna de las dos opciones alcanza a cubrir en su totalidad.

El verdadero problema, radica en la incapacidad de regular las plataformas que indiscutiblemente mejoraron la movilidad en el país, generaron empleos y contribuyeron al bienestar de los ciudadanos.

Para 2018 solo Uber contaba con 83.000 socios y más de 2.1 millones de pasajeros. En términos reales, es una de las empresas que más paga impuestos en el país. De modo que aquí surge la primera contradicción. Si es una actividad ilegal ¿Por qué el Estado le cobra impuestos? ¿Es como si a un narcotraficante se le cobrara tributos por su actividad, no?

Pues bien, el decreto ya ha cobrado sus primeras víctimas.

Personas de todas las ciudades del país han visto como su único medio de ingreso es prohibido por las mismas autoridades, simple y sencillamente por estar trabajando, una contradicción más. Este es el caso de Juan Carlos, un UberDriver sancionado con la perdida de licencia a 25 años al ser sorprendido en Medellín prestando el servicio de Uber ¿Se imagina que le prohibieran a usted realizar su oficio por 25 años?

Es lastimoso y hasta inhumano que le quiten el mínimo vital a las personas que mejoraron la movilidad en el país, sencillamente porque al Estado y al Congreso les ha quedado grande crear un marco para su funcionamiento. Suspender licencias por trabajar es una vergüenza en pleno siglo XXI y que el Estado sea el promotor es aún peor.

¿Cuándo entenderemos que la innovación es imparable y más cuando mejora la calidad de vida de las personas?

Un dato para el cierre que me comento un buen amigo: A un conductor que es sorprendido manejando en estado de embriaguez con 3 grados de alcoholemia, la máxima sanción es una suspensión de la licencia por 10 años. Un conductor sorprendido TRABAJANDO con Uber o alguna otra plataforma tiene una suspensión de licencia de 25 años.

CODA: Feliz año a todos mis lectores, un año con muchos retos y metas para todos los colombianos.

@DanielPBayona