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Opinión

Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre

Por: Nicolás Pérez

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Los subsidios tienen más aristas de las que uno pensaría inicialmente. La necesidad de redistribuir la riqueza y luchar contra la pobreza choca constantemente con el riesgo de caer en un dañino asistencialismo que fracture el mercado laboral y genere una presión insostenible en las finanzas públicas. Por eso, lejos de caer en extremos a favor o en contra de estos programas, debemos encontrar un punto medio que nos permita auxiliar a los más vulnerables sin que haya consecuencias negativas a mediano plazo.

Digo esto a raíz de lo que ha venido ocurriendo los últimos meses en Estados Unidos y que ciertamente se puede llegar a replicar en Colombia. Desde que inició la pandemia el Gobierno Federal, primero con Trump y después con Biden, estableció un auxilio de desempleo para contrarrestar el aumento del 3.5% al 14.8% de personas sin trabajo a raíz de los confinamientos.

Inicialmente el programa iba de marzo a diciembre de 2020, pero ya ha tenido dos prórrogas. La primera hasta marzo y la segunda hasta septiembre de este año. Como consecuencia, los americanos sin trabajo actualmente están recibiendo US$300 semanales provenientes del presupuesto Federal, a los cuales hay que sumarles un promedio de US$318 adicionales que entregan los estados.

Como resultado, el subsidio total que le llega a los desempleados ronda los US$618 semanales y US$2.472 mensuales, cifra que duplica los US$1.256 que recibe al mes un trabajador que labore 40 horas semanales y perciba el salario mínimo federal de US$7.25 por hora.

Claramente, esta situación ha generado un impacto considerable en el mercado laboral, dado que las empresas no están encontrando personas que quieran trabajar como meseros, vendedores, manufactureros y, en general, todo el conjunto de actividades de cuello azul, a tal punto que en casi todos los restaurantes y tiendas del País se ven carteles de “now hiring”, o sea, ofreciendo puestos sin éxito.

Una de las respuestas a esta situación ha sido que las grandes compañías están aumentando el salario con que contratan, de forma tal que logren atraer personal. Sin embargo, eso acarrea dos problemas. El primero es que las micro, pequeñas y algunas medianas empresas no tienen el músculo financiero para hacerlo. El segundo, es un aumento en la inflación consecuencia del alza en los costos de producción, lo cual ya se está dando en suelo americano, donde ese indicador llegó al 5% en mayo, la cifra más alta desde el 2008.

Ha sido tan fuerte esta situación que, por ejemplo, en abril se esperaba que en la Unión Americana se generaran un millón de empleos, pero la cifra solo llegó a 266.000 y el apoyo bipartidista que tuvieron los beneficios federales durante 2020 ya se empezó a acabar. De hecho, aunque la Casa Blanca se rehúsa a aceptar que existe una relación directa entre este auxilio y la baja tasa de generación de empleo, ya 24 Gobernadores republicanos han rechazado el programa federal y 36 estados ahora le están exigiendo a los receptores de los subsidios una prueba de que han buscado trabajo sin tener éxito, lo cual llevó al Presidente Biden a anunciar que difícilmente se extiendan estas medidas más allá de septiembre.

En este contexto, debemos ser cuidadosos en no repetir esta dinámica en Colombia. La reactivación económica del segundo semestre del año pasado permitió recuperar 4.7 de los 5.4 millones de empleos que se perdieron por las cuarentenas, pero si las ayudas que reciben las personas por parte del Gobierno Nacional y las entidades territoriales llegan a tal punto que empiezan a competir con el salario del mercado laboral, enfrentaremos una escasez de mano de obra que afectará la productividad del País.

Ahora bien, con esto no estoy diciendo que hay que acabar los subsidios. Indiscutiblemente con una línea de pobreza en el 42.5% es necesario mantener programas sociales que ayuden a los más necesitados. Sin embargo, hay que encontrar ese punto medio donde no se caiga en el asistencialismo y no se afecte la generación de empleo, para lo cual es necesario tener auxilios focalizados, temporales, que no utilicen la estratificación como método de asignación y que estén condicionados a una búsqueda de trabajo por parte de los beneficiarios.

Salir de la pobreza es un objetivo sin discusión. Supera las barreras partidistas y cualquier diferencia que pueda haber en el Congreso. Sin embargo, el principal camino para lograrlo es tener un sector privado fortalecido que tenga las herramientas para generar empleos y no encuentre en los subsidios estatales una competencia que no pueda derrotar y que afecte la estabilidad del mercado laboral.

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