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Bieri se defiende de supuesta censura en RTVC, dice que lo grabó ilegalmente una funcionaria con ‘irregularidades’

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Juan Pablo Bieri presidencia de la Republica

El exgerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, salió a defenderse por los señalamientos públicos en su contra por presunto abuso de autoridad, censura, y posible violación de la libertad de expresión, relacionada con el programa ‘Los puros criollos’.

Bieri habló en la emisora Blu para defenderse y asegurar que todas las grabaciones que le hicieron hablando de ‘Los puros criollos’, al parecer para sacarlos del aire, se hicieron de manera ilegal por una funcionaria que él cuestionó.

Se trata de la entonces directora del canal Señal Colombia, Diana Marcela Díaz Soto, quien Bieri asegura podría estar relacionada con investigaciones internas por presunta corrupción y quien, según él, lo grabó de manera ilegal en una conversación.

Según él, Díaz Soro sería responsable de algunos contratos que fueron presuntamente con detrimento de dineros públicos, resaltando que él como gerente no la tenía como sospechosa, pero control interno y Controlaría desarrollaban una investigación.

“La oficina de control interno me hace un aviso importante de varios anónimos que habían llegado a esa oficina, por lo cual esa oficina había iniciado unas investigaciones que habían llegado a la Contraloría. Yo le di oxígeno a esas investigaciones de control interno para que se desarrollaran lo más pronto posible», explicó Bieri en Blu.

Lea también: Procuraduría formuló pliego de cargos al exgerente de RTVC por posible violación de la libertad de expresión

La Procuraduría formuló cargos contra Bieri señalándolo de ordenar que no se volvieran a emitir productos en los que participara Santiago Rivas, conductor del programa ‘Los puros criollos’, que a su vez debía salir del prime time y publicarse en un horario entre las 2 o 3 de la madrugada, para “desaparecer o matar la producción”.

El ente de control detalló esta semana que Bieri como funcionario público habría incurrido en la presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, censura, y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión.

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