Judicial
VIDEO: Fiscalía imputó de nuevo a policías implicados en las ‘chuzadas’ que revelaron la ‘Ñeñepolítica’

La Fiscalía presentó escrito de acusación contra el mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho Parra y el sargento Wadith Miguel Velásquez García, por los presuntos delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones.
Según pruebas de Fiscalía, los acusados incluyeron en una solicitud de interceptación legal ante un juez de garantías los abonados telefónicos de cinco de sus compañeros de trabajo, que supuestamente estarían involucrados en una denuncia por la pérdida de un dinero durante un allanamiento.
En ese contexto, el ente investigador detalló que para tal fin, el mayor Tocarruncho Parra habría ordenado al sargento Velásquez García realizar la interceptación ilícita a mediados de mayo del 2019.
Al parecer, el sargento aprovechó información que le entregó una fuente humana conocida como “La Penca”, sobre el homicidio que investigaba y en la cual era relacionado al ganadero “Neñe” Hernández, e incluyó los abonados celulares de sus compañeros, haciéndolos pasar como integrantes de un grupo delincuencial que actuaba en varios departamentos de la Costa Atlántica.
«La investigación arrojó que el hoy procesado habría usado los apodos con los que ellos se trataban para catalogarlos como alias y generar mayor credibilidad a su actuación. Así los reportó como “El Mono”, “El Rolo”, “El Propio” o “El Valluno”, además les asignó roles como sicarios, coordinador de narcotráfico y otras tareas propias de actividades ilegales», detalló la Fiscalía.
Lea también: Corte Suprema seguirá investigando a Uribe por la posible compra de votos de la ‘Ñeñepolítica’ en 2018
Según el ente investigador, el sargento aprovechó la confianza que tenía con la fiscal con la que trabajaba, para firmar por ella las solicitudes de interceptaciones. La fiscal asaltada en su buena fe habría incurrido en un error y conocido la verdad solo hasta mayo de 2020.
El fiscal del caso señaló que los acusados, sin justa causa, afectaron negativamente la libertad individual de sus compañeros, la fe pública y la recta impartición de justicia. “Eran capaces de determinar que su actuación estaba prohibida y sin embargo lo hicieron”.
