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El procurador promete decisiones ejemplarizantes.

Se acercan tiempos de decisiones “ejemplarizantes” para servidores públicos transgresores de la ley. Ese fue el mensaje que el procurador Alejandro Ordóñez envió esta semana con la destitución, en tiempo récord, del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, por participación en política.

Ordoñez dijo que ha cumplido con su deber al advertir al Presidente sobre participación en política.

Ordóñez, responsable de disciplinar a más de dos millones de servidores públicos, le dijo a EL TIEMPO que está dispuesto a aplicar procesos orales expeditos, cuando las circunstancias lo permitan, para sancionar a quienes violen la ley.

Él, que por estos días lidera los actos conmemorativos de los 180 años de vida de la Procuraduría (legado del Libertador), aseguró que su despacho se apresta a emitir fallos sobre casos sonados como ‘farcpolítica’, ‘chuzadas’, ‘falsos positivos’, ‘yidispolítica’ y, en general, sobre actos de corrupción. “El que viene será el año de los resultados y a mí me podrán criticar por sancionar o absolver, pero no por dejar prescribir”, dijo.

¿Habrá procesos orales tan expeditos en materia de corrupción como el que acaba de ocurrir por participación en política?

Con este procedimiento vamos a lograr que las decisiones de la Procuraduría sean prontas, como lo hemos comenzado a hacer.

Si el primer año fue dedicado a la consolidación de los equipos y la escogencia paradigmática de algunos casos, este año será el año de los resultados. El país puede esperar decisiones ejemplarizantes , pedagógicas y preventivas. Le puedo decir con toda claridad que en los próximos meses las decisiones en esa materia serán contundentes.

¿La destitución del Gobernador del Valle va a ser una especie de doctrina para situaciones futuras?

Respecto a ese caso en concreto la decisión todavía no está ejecutoriada. Lo que sí se puede advertir respecto a cualquier funcionario es que la ley disciplinaria ha establecido que cuando se usa la investidura con el propósito de beneficiar movimientos políticos o candidatos, se produce un desequilibrio que afecta la transparencia, la igualdad que deben tener los ciudadanos en el ejercicio de su derecho para acceder a los cargos públicos. La ley establece que estos casos se deben sancionar con la destitución. La conducta reprochable es poner la investidura, el cargo o la función al servicio de la actividad política. El funcionario público no debe influir en las controversias políticas ni en los procesos electorales, ello no es un capricho del procurador, son disposiciones consagradas en la constitución y en la ley, lo cual esta previsto como falta gravísima en el estatuto único disciplinario.

¿Hay más casos como este?

Hay más de 500 quejas en investigación, 14 de ellas contra gobernadores y más de cien contra alcaldes.

¿Qué ha pasado con el ex secretario de Educación del Valle, Gustavo Navarro?

Se están recaudando las pruebas para tomar las decisiones que sean menester de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, por supuesto e acuerdo al debido proceso y al derecho a la defensa.

Mientras usted disciplina a cientos de funcionarios, la Corte suprema lo disciplina a usted. ¿Le teme a la Corte?

No, no le temo a la Corte, la respeto, esa es su función. En el ordenamiento jurídico no pueden existir funcionarios sin control. Lo contrario desequilibraría el Estado de Derecho. La Corte está actuando como debe actuar.

¿Y qué ha pasado con los llamados de atención suyos al Presidente?

El Procurador carece de instrumentos jurídicos para disciplinar al Presidente, ello es competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El Procurador puede hacerle advertencias cuando encuentre que está desbordando sus límites.

¿Está satisfecho con la respuesta del Presidente?

He cumplido con mi deber, Constitucional y legal con total independencias, como debe actuar un Procurador.

¿Cuándo habrá fallo sobre el caso de Teodolindo Avendaño?

A más tardar a finales de junio con observancia de los términos procesales.

¿Qué decisiones inminentes hay sobre las interceptaciones telefónicas, caso conocido como las chuzadas?

Hay un proceso matriz en el que se profirió pliego de cargos contra nueve altos funcionarios el pasado mes de febrero. A partir de este se han derivado cuatro procesos adicionales por las interceptaciones y seguimientos ilegales contra funcionarios del DAS y UIAF. Nos encontramos en la etapa probatoria más ardua y tendremos decisiones de fondo dentro de los próximos meses. Sin embargo debe recordarse que los términos disciplinarios son mucho más limitados que los términos del procesal penal.

Se habla de más de mil denuncias por falsos positivos. ¿Cuándo habrá decisiones sobre estos casos?

En este momento una de las prioridades de mi administración son las investigaciones disciplinarias por graves violaciones a los derechos fundamentales y al DIH dentro de los que se encuentran los llamados falsos positivos o conocidas como ejecuciones extrajudiciales, tenemos previsto seguir avanzando en estas investigaciones y proferir en este año al menos 100 decisiones.

¿Qué suerte le espera a la Senadora Piedad Córdoba en la Procuraduría?

A estas alturas de la investigación no lo sé y si lo supiera no se lo diría, el funcionario judicial o disciplinario se pronuncia mediante providencias. La suerte que pueda esperar cualquier investigado es la de obtener una decisión en justicia, en derecho y de acuerdo a las realidades probatorias, profundamente respetuosas del derecho de defensa y el debido proceso.

¿Qué pasará si hay una reacción internacional a una sanción contra ella?

Mi único interés es tomar una decisión en derecho.

¿Por qué esta impulsando las investigaciones por Farc-Política?

El país ha sido lacerado por la violencia paramilitar, por la violencia guerrillera y la derivada del narcotráfico y las bandas criminales organizadas, y la reacción del Estado no se puede circunscribir a sancionar las violaciones producidas por uno solo de los actores del conflicto.

He proferido muchas decisiones sancionatorias en materia de parapolítica; por lo menos en el 70 por ciento de estos he pedido condenas; disciplinariamente en el último año la Procuraduría ha destituido a mas de 8 congresistas por esas razones; existe un solo pliego de cargos por vínculos con la guerrilla.

¿Se allanaron las dificultades en el proceso de la licitación del tercer canal?

El año pasado hicimos un acompañamiento muy prolijo y activo en la elaboración de los prepliegos y en los pliegos, y al no haber acatado nuestras observaciones solicitamos a la Comisión de Televisión que revocara la apertura de licitación.

Este año nos hemos reunido en muchas oportunidades con la Comisión de Televisión y hemos encontrado que las advertencias hechas en el proceso anterior que se referían a precio, a subasta y riesgos, han sido tenidas en cuenta en los actuales pliegos. Para nosotros resulta satisfactorio que toda esa labor de acompañamiento haya producido frutos y se hayan plasmado en los actuales pliegos esos aspectos que nos preocuparon en el proceso anterior.

¿Esto quiere decir que el nuevo proceso podrá ir hasta el final?

Hasta el momento se acataron nuestras recomendaciones, estaremos muy atentos en el trámite de adjudicación, en eso coincidimos con el Contralor General, con quien me reuní hace 20 días. Ayer lo volvimos a comentar. Ahí tenemos coincidencias con la Contraloría.

¿La Procuraduría sigue acompañando?

Sí, desde luego que sí. Los ajustes fueron fruto del acompañamiento que se hizo. Estamos satisfechos con los resultados.

La Procuraduría representa a las víctimas en la Ley de Justicia y Paz. ¿Cómo ha ido la aplicación de esa norma?

La Ley de Justicia y Paz cumple en julio próximo 5 años sin que a la fecha se haya producido sentencia alguna. La ley tiene aspectos positivos como: la entrega de personas desaparecidas a sus familiares, las jornadas de atención a víctimas, la reparación administrativa, la verdad sobre masacres y la desmovilización. Sin embargo son muchos los aspectos que deben seguirse fortaleciendo.

‘Todavía hay vulnerabilidad en los sistemas para el día de las elecciones’

“Todavía tenemos incertidumbre sobre los ajustes que la Registraduría debe hacer para que las elecciones presidenciales de este 30 de mayo no sufran los problemas que ocurrieron en los comicios legislativos del 14 de marzo. Quisiera tener más seguridad de que todas las cosas van a salir bien, pero temo que todavía hay vulnerabilidad.

“Hemos hecho las alertas. La semana pasada pasamos una carta con 14 advertencias y esperamos que sean leídas y corregidas.

“Nuestra mayor advertencia ha sido a los subcontratistas, en materia de consolidación y divulgación de resultados. En las elecciones de marzo se presentaron muchas inconsistencias a raíz de la falta de idoneidad de esos subcontratistas y queremos que esto no se repita.

“Hemos advertido sobre las vulnerabilidades del sistema. Hemos pedido que se realicen simulacros. De hecho no quedamos totalmente satisfechos con el que se hizo el pasado miércoles.

“Estamos muy vigilantes haciendo labor de seguimiento. Desde las elecciones del 14 de marzo hasta hoy hemos enviado 3 o 4 comunicaciones advirtiendo y pidiendo simulacros para evitar que ocurra lo de las elecciones pasadas.

“Hay informaciones que nos indican que podemos estar sometidos, por esa vulnerabilidad, a los hackers. Tenemos que estar seguros de que no va a pasar una cosa de esas.

“Como lo dijimos en la última carta sobre las advertencias, es necesario que los simulacros se realicen con el 100 por ciento de las mesas y el 100 por ciento de los recursos, solo así se verán resultados reales que aporten valor.

“Teniendo en cuenta los hechos denunciados con ocasión del proceso electoral del 14 de marzo pasado en cuanto ataques informáticos se hace necesario que la Registraduría Nacional, junto con el contratista, implementen acciones de rigor tendientes a evitar este tipo de ataques o saboteo que no solamente puedan poner en riesgo la disponibilidad de la información sino también su seguridad y confiabilidad”.



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