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Corte prohibió al Esmad usar escopetas en protestas y pidió a MinDefensa disculparse por excesos de noviembre

Foto: EFE / Ilustrativa.

Este martes la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, tras evidenciar una problemática de “intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública”.

Tal y como detalló el alto tribunal, entre las medidas, dispuestas por sentencia mayoritaria de la Sala de Casación Civil está la implementación de un protocolo de acciones preventivas que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

En ese sentido la Corte ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el Esmad, y planteó que es necesaria la neutralidad del Gobierno, y la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

“La Corte señala explícitamente que la protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional”, se detalló en el pronunciamiento.

En ese contexto, el alto tribunal planteó que luego de aplicar un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en una acción de tutela, se encontraron elementos comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones.

“Se infiere de lo escrutado constitucionalmente –señala la sentencia–, por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el Esmad que, hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”, planteó el alto tribunal.

Por lo anterior, la Corte recordó que una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo.



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