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A indagación preliminar Álvaro Araújo por delitos de lesa humanidad

Como presunto partícipe de los delitos cometido por los grupos paramilitares será procesado el ex senador Álvaro Araújo Castro, condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años y tres meses de prisión por sus comprobados nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

La determinación obedece a una compulsación de copias emitida por la Corte Suprema, tras su condena a nueve años de prisión.

A través de la sentencia condenatoria emitida por la Sala Penal, la misma corporación había compulsado copias para que el organismo competente iniciara investigaciones tendientes a establecer la responsabilidad del dirigente en la ejecución de los crímenes de lesa humanidad del paramilitarismo.

Según La FM, ya se inició la investigación en contra del dirigente, respondiendo a las pretensiones hechas expresas por la corporación, como extensión de una línea jurisprudencial de la misma Sala, que buscaba que los involucrados en la parapolítica también fueran vinculados a los procesos que enfrentan quienes integraban esos grupos armados ilegales.

Además de la condena, la Sala Penal lo conminó al pago de más de 3.700 millones de pesos, equivalentes a la sumatoria de 7.222 salarios mínimos mensuales vigentes, así como a la inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas durante los mismos 112 meses que dure la condena.

El Tribunal consideró que el ex parlamentario cesarense sí había incurrido en los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector que se le endilgaban en la acusación, al valerse de la influencia que ejercían los paramilitares en la Región Caribe de Colombia con fines electorales.

En concepto de la Corporación, los vínculos que el hoy condenado mantuvo con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, fueron determinantes para la obtención de 19 mil votos con los que lo respaldaron los sufragantes del Cesar en los comicios de 2002.

En 2007 el ex parlamentario fue acusado formalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia, ante lo cual Araújo Castro decidió renunciar a la investidura, en procura de que la Corporación no siguiera actuando en el proceso y fuese manejado por la justicia ordinaria.

Luego de que el caso fuera abordado por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, donde se agotó la etapa de juicio, la Corte reasumió el caso, en virtud a que retomó una vieja jurisprudencia que la facultaba para continuar juzgando a los funcionarios públicos que hubieran renunciado al fuero, siempre y cuando fueran procesados por delitos relacionados con sus funciones como servidores estatales.



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