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28 mil presos sin identificación certera en Colombia.

Tienen hasta cuatro nombres y cédulas y no dan sus huellas. En el Gobierno hablan de posibles cambiazos y de un problema de Estado. El Inpec reconoce la situación.

El 30 por ciento de internos sólo acepta ser identificado con su alias. Incluso, ha habido comportamientos hostiles contra los funcionarios que les intentan tomar las huellas.

Hay un hombre con cédula de mujer que está detenido en el pabellón de Alta Seguridad de la cárcel Modelo, de Bogotá, al lado de ‘paras’, narcotraficantes y de otros presos de alta peligrosidad. Pero ni el Inpec ni el juzgado que lo procesó por hurto calificado, porte ilegal de armas y lesiones personales tienen claridad sobre su identidad.

Dice llamarse Walter Enrique Roberto, pero usa la cédula de Adriana María Moreno Jiménez y se niega a que se le tomen sus huellas digitales.

Su situación no es excepcional y los cerca de 106 mil presos bajo la custodia del Inpec, 28 mil no están identificados plenamente y se niegan a entregar sus nombres.

En reuniones privadas, el Gobierno, que aún no ha hecho pública esta situación, la califica como un problema de Estado, e incluso abrió la posibilidad de que se estén registrando cambiazos. Es decir, que ciudadanos estén pagando, por plata o amenazas, condenas de delincuentes.

Ni las siete prisiones de máxima seguridad se salvan de la irregularidad. Este diario encontró allí 932 de estos casos: 52 están en Cómbita; 199, en Valledupar y 15 en Itagüí. Y en las cárceles de mujeres el fenómeno es idéntico (véase: ‘Identidades…’).

Cinco muertos y 500 sin cédula

La alerta sobre la magnitud de este ‘punto ciego’ en el sistema carcelario -que el Gobierno maneja confidencialmente- la dio el comportamiento de los propios reos. Estos empezaron a negarse a asistir al censo que, en julio del 2009, inició la EPS estatal Caprecom, tras firmar un contrato en el que se comprometía a prestarles el servicio de salud a los internos de las 141 cárceles a cargo del Inpec.

“Con los primeros 42.343 reos no hubo lío y los datos coincidían con la base del Inpec”, dice un funcionario del Ministerio del Interior.

Pero, a partir de septiembre, los reos empezaron a identificarse con alias o los nombres por los que se les conoce en el mundo criminal.

Incluso, hubo comportamientos hostiles de internos y de funcionarios que impedían el acceso del personal que llevaba el censo. La presión fue tal, que en la cárcel de La Dorada complicaron la salida de estos funcionarios.

A pesar de los tropiezos, Caprecom ya logró consolidar cifras. De los 28 mil sin identidad plena, 500 no tienen cédula y cinco portan el documento de identidad de personas muertas.

Las debilidades de la información que el Inpec tiene del personal que custodia -que en su momento le fueron alertadas a la entonces directora del instituto, Teresa Moya-, también quedaron en evidencia en decenas de casos en los que una misma Tarjeta Decadactilar del Inpec (TD) les fue asignada a dos o más nombres.

“Son las mismas personas (…) Pero, debemos recibirlas con el nombre con el que las autoridades judiciales las procesan”, le contestó el Inpec a Caprecom y le sugirió registrar a los reos con dos identidades.

Y cuando se le consultó cuál de los seis nombres de una detenida es el verdadero, respondió: “Es posible que use la cédula de otro o un nombre falso. Estas situaciones son comunes. Recuerden con qué población tratamos”.

Por ahora, el Gobierno dio la orden de que Caprecom siga prestándoles atención a todos los internos, incluidos los que no están identificados.

Pero nadie conoce instrucciones para subsanar el problema de las identidades, que afecta a casi el 30 por ciento de la población carcelaria.

Al viernes, el director (e.) del Inpec, Carlos Barragán, reconoció la magnitud y la gravedad del asunto (aunque inicialmente habló de sólo 8 mil casos). Y dijo que hay un proyecto de un cruce de datos con Registraduría, Policía y DAS.

Por ahora, el Inpec no está en condiciones de garantizar que esos 28 mil reos son los verdaderos condenados o si están suplantando a delincuentes de alta peligrosidad.

‘Es un problema de los jueces’, dice el Inpec

El coronel (r.) Carlos Barragán, director (e.) del Inpec, reconoció el problema de la identifi- cación y su gravedad, aunque inicialmente habló de 8 mil casos. “Lo que ustedes dicen tiene mucho de cierto. Hay personas que no están plenamente identifica- das e incluso tienen tres nombres y seis alias”. Y atribuyó la situación al hecho de que así son remitidos por los jueces. “Si el juez no tiene cómo cotejar la identidad, sigue llamando al procesado por el alias y así lo manda al Inpec”. Y añadió que, a pesar de que el instituto toma las huellas de quienes son recluidos, no está en capacidad de identificar- los plenamente. “Aquí se hace una tarjeta decadactilar, con alias y nombres, y se registran”. Y aunque Barragán admite la eventualidad de cambiazos dice que ese riesgo no lo asume el Inpec: ” Si las autorida- des capturaron o juzga- ron a otra persona, el Inpec no es responsa- ble”. Por último, dijo que hay un proyecto que busca cruzar datos de reos no identificados con Registraduría, Fiscalía, Policía y DAS, para que las tarjetas decadactila- res vayan a un sistema nacional y se puedan aclarar estos casos.

Múltiples identidades, cédulas de muertos o indocumentados

Cuatro nombres diferentes. En la cárcel de Buenaventura hay una detenida que aparece con cuatro nombres: Sandra de los Ríos, Sandra Arango, Ángela María Valencia y Patricia Pineda. Todos están registrados en la base de datos oficial del Inpec. Uno de los registros dice que fue trasladada a la cárcel de Manizales. Pero en la diligencia, aunque aparece con el nombre de Sandra, la cédula está a nombre de Angela María Valencia.

Con cédulas de muertos. Jaime Gabriel Parra Estrada es un detenido que lleva casi nueve años en la cárcel de Calarcá (Quindío). Apenas este año, el Inpec descubrió que esa no es su verdadera identidad y ha usado el nombre de un muerto. En enero pasado, el interno pidió atención médica, pero no tenía cédula. La EPS halló que el nombre pertenecía a una persona cuyo deceso fue certificado por autoridades de Antioquia. Las cédulas de las personas muertas usadas por reos pertenecen a Julio César Gil Giraldo, Andrés Rodríguez Ramírez, Heiner Antonio González Díaz, Jorge Beltrán Calderón y Carlos Martinez Alviz.

Un número para dos. En la Modelo, un mismo reo aparece como César Augusto Rodríguez y como Orlando Chíquiza, con la misma fecha de nacimiento y el mismo número de identificación asignado por el Inpec.

Ni nombre ni cédula. Las directivas de la cárcel de Acacías (Meta) no saben si el detenido Félix Vicente Ovalle Lamprea es o no miembro de una banda dedicada al robo de cable eléctrico capturado y condenado por un juez en Villavicencio. Los datos del preso que aparecen en el sistema no son los reales. Pero, según funcionarios del Inpec, en una comunicación del 21 de enero pasado, “es posible que Ovalle Lamprea esté usando la cédula de otra persona o que el nombre no sea el verdadero”.

Enfermo con doble identidad. Cuando a un interno de la cárcel Modelo, de Bogotá, que padece una enfermedad de alto riesgo, se le iba a entregar un medicamento, la base de datos arrojó dos nombres distintos: José Ángel Silva Garay y Nelson Garzón Gordillo. Al parecer, el verdadero nombre es el segundo, pero no se ha podido confirmar porque se niega a que le tomen sus huellas.

Suplanta a cotizante de EPS. La cédula que Jhon James López Urbano entregó en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, en realidad es de otra persona. Pertenece a Eder Andrés Nossa Hernández, un cotizante de una reconocida EPS internacional. El preso fue clasificado, por ahora, con un número interno del Inpec, hasta que se verifique su identidad.



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