La mejor reforma

Gracias a las medidas de modernización implementadas por el gobierno de Carlos Menem, la Argentina de comienzos de los noventa recuperó rápidamente el camino a la prosperidad: Disminuyó la pobreza a menos de la mitad, creció a tasas cercanas al 7%, redujo los costos de los servicios públicos, mejoró la calidad de los mismos y cuadruplicó la inversión extranjera. Pero el nuevo despegue resultó ser un castillo de naipes. ¿Por qué?

Hubo una cosa que nunca se corrigió. El gasto público y el enorme tamaño del estado argentino no dejaron de crecer, excediendo la capacidad de pago derivada de las privatizaciones y del crecimiento económico y Menem se retiró de la presidencia con una deuda pública duplicada, que ahogaría el crecimiento y quebraría otra vez la confianza de los mercados y de los ciudadanos. De allí podemos obtener una lección.

A propósito de los muy serios problemas de financiamiento público que afronta el país, puede decirse que el Gobierno Está aplicando la fórmula del progreso, precisamente de manera inversa: Aumentar la burocracia estatal y disminuir la clase media.

En efecto, lo más reprochable a la reforma en ciernes, es que no ha venido precedida de una iniciativa para reducir la anquilosada estructura orgánica del sector público ni incorporada en el marco de una reforma óptima e indispensable. De una reforma fiscal, de modo que pretende resolver todo el problema con tributos.

Es buena hora para admitir sin ambages, que el colombiano es un Estado paquidérmico, ineficiente, diseñado para el despilfarro. Entonces, el esfuerzo extraordinario que debemos hacer todos, también debe hacerlo el Gobierno y, de hecho, debe dar ejemplo.

Ya ni siquiera se trata del derroche de una u otra administración, sino de una estructura orgánica históricamente diseñada por una clase política que muchas veces ha ignorado los intereses del desarrollo para favorecer el interés particular.

Para quienes siguen insistiendo en que la focalización del gasto público tiene poca o nula incidencia en el bienestar concreto de los ciudadanos, ahora es fundamental racionalizarlo, no solo para evitar que se pierdan recursos de todos, para que sea posible brindar bienes y servicios públicos de calidad, sino en algo todavía más inmediato: Para que no se cobren tantos impuestos, minando la capacidad adquisitiva de los hogares y las personas.

Recortar plantas de personal del Estado significa eliminar algunos empleos, es verdad. Pero también significa la creación de una gran cantidad y la optimización de otros muchos.

Por eso, el Congreso debería estar tramitando, hace varios meses, una gran reforma de iniciativa gubernamental, para reducir sustancialmente el tamaño del Estado y sus gastos de funcionamiento. Esa es la acción más urgente para atender las necesidades de un país arrinconado por la crisis.

En todo caso, el deseo de la ciudadanía terminará forzando más tarde o más temprano, la voluntad política en el sentido de racionalizar el gasto.

Lo anterior no significa que la tributaria sea una reforma innecesaria. Debe hacerse, pero en el marco de una verdadera reforma fiscal, orientada a la compilación y simplificación de normas y trámites, a combatir la evasión y a promover la eficiencia fiscal y la seguridad jurídica.
Muchos han dicho que esta reforma afectará a la clase media, pero sin duda, estamos hablando de una cuestión todavía más amplia y determinante.

Fácilmente puede surtir de combustible a las maquinarias populistas que casi no necesitarían hacer campaña, y sacará corriendo a la inversión privada. A su vez, la pérdida de inversiones ayudará a destruir el empleo, lo cual minaría el crecimiento, profundizaría la desigualdad, afectaría el acceso futuro del país a mercados internacionales y favorecería la inestabilidad política.

Todo ello sin contar, que el debilitamiento desproporcionado de la capacidad de consumo cortará las posibilidades de reactivar el crecimiento económico de toda la sociedad. Por todo eso, en los términos que ha sido anunciada la reforma, perjudicará de diferentes maneras a todos los colombianos.

En sociedades que busquen la necesaria estabilidad, una reforma tributaria debe hacerse pensando en que sea capaz de conjurar la necesidad de otra reforma tributaria en muchos años. Así, lo central de esta nueva ley debería ser resolver entre otros problemas, la evasión, el caos normativo, la dispersión y la tramititis.

En tales condiciones, la reforma más importante presentada en los últimos años en Colombia, debe ser estudiada y desmenuzada a profundidad, con mayor seriedad y rigor que las demás. Y deben incorporarse otras medidas, destinadas a racionalizar y focalizar el gasto público.

Seguramente muchos más ciudadanos por estos días, estaremos atentos a esas actitudes en el Gobierno y en el Congreso. La sociedad civil, también debe agudizar su criterio, sin apresuramientos y sin mezquindades prelectorales que lo único que hacen es profundizar la postración.

Ah, y finalmente, los recortes burocráticos no pueden ser canalizados exclusivamente por vía de facultades extraordinarias para que los haga el ejecutivo. Un componente de semejante monta, sin duda más potente que el componente tributario, debe responder en unos mínimos a criterios democráticos y aplicar a todos los sectores del Estado, hasta donde sea posible. A todos.

@ortegasebastia1

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com

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