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La Fiscalía salvadoreña cita a ministros por aislar con militares una localidad

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Los titulares de los ministerios de la Defensa y Salud de El Salvador comparecerán en los próximos días ante la Fiscalía por aislar con policías y soldados una localidad en el marco de acciones para contener los contagios internos del COVID-19, informó este miércoles el fiscal general, Raúl Melara.

Se trata del ministro de la Defensa, René Merino, y del ministro de Salud, Francisco Alabí, detalló el funcionario.

Se esperaba que Merino llegara la mañana de hoy a declarar como «testigo» ante el Ministerio Público, pero la comparecencia fue suspendidas hasta nuevo aviso, mientras que la declaración de Alabí está programada para mañana jueves.

«Es una investigación abierta, que está avanzando», señaló Melara en una breve rueda de prensa, en la que añadió que «vamos a seguir ahondando para ver cuáles fueron los motivos o la base legal» para establecer el «cerco sanitario».

Antes de declarar ante la prensa, Melara señaló durante una entrevista televisiva que toda persona interrogada por la Fiscalía inicialmente es llamada en calidad de testigo antes de que se pueda determinar un cargo.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó el pasado viernes a su ministro de la Defensa instalar un «cordón sanitario» por 48 horas en la localidad de La Libertad, donde no se reporta ningún caso desde el comienzo de la pandemia.

La instrucción, que incluía no permitir la salida para comprar alimento o medicina, se dio tras la publicación en las redes sociales de un video de personas circulando por una zona comercial.

«Si continúan con esa conducta, es prácticamente seguro que se contagiaran del virus y más de alguno de sus familiares va a morir», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

La decisión del presidente fue criticada por diversas organizaciones humanitarias que tildaron la medida de «estado de excepción» y «estado de sitio».

ONU, PREOCUPADA POR DDHH

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró preocupada ayer porque el «estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación del COVID-19».

Un comunicado de la oficina de Bachelet señala que «el Gobierno ha ignorado reiteradas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia» en las que se ordena parar las detenciones y confinamientos forzosos de personas que se saltan la cuarentena.

Los jueces constitucionales han señalado que la única vía para seguir con estas acciones es la emisión de una normativa por parte del Congreso que faculte al Ejecutivo.

Bukele manifestó públicamente desde su cuenta de Twitter que no cumplirá estos fallos.

La alta comisionada recordó que «el derecho internacional permite a los Gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por el COVID-19», pero estas deben «estar en concordancia con la Constitución».

«Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el Gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del estado de derecho», acotó Bachelet.

También llamó a las autoridades a investigar «todas las presuntas violaciones de los derechos humanos» y que «pongan inmediatamente en libertad todos los detenidos arbitrariamente luego de haber sido examinados médicamente».

La Fiscalía investiga la supuesta retención ilegal de personas en centros de contención gubernamentales que han cumplido los 30 días de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud.

Por otra parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado 581 denuncias de supuestas vulneraciones, de las 183 están relacionadas con el derecho a la libertad e integridad física.

Estos supuestos excesos de policías y militares llevaron al partido de oposición con más diputados, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), a retirar su apoyo para ampliar el estado de excepción que estuvo vigente entre el 15 de marzo y el 13 de abril.

Con las pruebas realizadas el martes, El Salvador detectó 12 nuevos contagios locales de COVID-19 con lo que elevó el número de casos positivos a 237 y la cifra de fallecidos se mantuvo en 7.

EFE

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