Archivo

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, afirmó que los delitos que se le imputan a la exjefa de los servicios de inteligencia María del Pilar Hurtado, detenida tras ser expulsada de Panamá, no son políticos sino comunes, por lo que podría pagar entre 15 y 20 años de prisión.

EFE

EFE

Montealegre dio las declaraciones después de que la Fiscalía hizo la diligencia de legalización de detención de Hurtado en el Tribunal Superior de Bogotá.

El Tribunal ordenó que Hurtado, exdirectora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) e involucrada en una trama de escuchas ilegales a opositores del anterior Gobierno, permanezca detenida de manera preventiva en el búnker de la Fiscalía para garantizar su seguridad.

Por su implicación en esa red de espionaje ilegal, la Fiscalía imputó a Hurtado cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública que, según Montealegre, «son delitos comunes y no se trata de delitos políticos».

El fiscal dijo que existen pruebas contundentes de los hechos de los que se acusa a Hurtado.

«Ordenó seguimientos e interceptaciones ilegales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra líderes de oposición en Colombia y contra defensores de derechos humanos», explicó Montealegre sobre Hurtado, que dirigió el DAS entre agosto de 2007 y octubre de 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

El fiscal general dijo también que al momento de formular la acusación y de solicitar ante la Corte Suprema de Panamá una pena privativa de la libertad, se concluyó que «Hurtado y otros funcionarios del Estado iniciaron una empresa criminal que dio lugar a estas actividades ilegales».

Montealegre agregó que solo esta semana la Interpol aceptó la argumentación de la Fiscalía, en el sentido de que los delitos imputados no son de tipo político, y decidió emitir la circular roja en contra de Hurtado, lo que precipitó la presentación de la exfuncionaria ante las autoridades panameñas.

«Se trata de delitos comunes y al no tratarse de ninguna persecución política como lo reconoció la Interpol, podrían hacerse efectivas internacionalmente las ordenes de captura que tenía», agregó.

Asimismo, Montealegre hizo un llamado a Hurtado para que colabore con la justicia. «Reiteramos el llamado a María del Pilar Hurtado para que colabore con la justicia, para que contribuya a reconstruir la verdad histórica de estos graves hechos que afectaron al país, que cuente quién dio la orden de estas interceptaciones ilegales y de estas graves violaciones a los derechos humanos».

Hurtado se asiló en Panamá en noviembre de 2010 pero perdió esa condición después de que en mayo de 2014 la Corte Suprema de Justicia de ese país declarara inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo le concedió ese estatus. Bogotá, 31 ene (EFE).

Compartir:
  • Comentarios

  • Anuncio