Le dieron casa por cárcel a 4 funcionarios relacionados con corrupción para contratar obras en Bogotá

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación presentó material probatorio que daría cuenta de presuntas irregularidades en la contratación de obras de espacio público como adecuación de andenes y puentes en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero.

Un funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), un contratista y dos interventores se habrían concertado para realizar prórrogas y adiciones presupuestales al contrato de obra 933 de 2016, cuyo valor inicial fue de 12.875 millones de pesos; y al contrato de interventoría 934 de 2016, que ascendió a 1.880 millones.

Adicionalmente, la evidencia recopilada demostraría que, en común acuerdo, fueron aumentados los tiempos de ejecución y las cantidades de obras sin control ni vigilancia por parte de la interventoría o de los funcionarios del IDU.

Según el ente investigador, cada modificación en los términos, al parecer, representó dinero para los implicados y no garantizó la terminación de los trabajos. Estas actuaciones generaron sobrecostos por cerca de 5 mil millones de pesos y una supuesta apropiación ilícita de 2.550 millones de pesos.

Los cuatro vinculados a las investigaciones son:

– G. Corredor Aguilera, funcionario que se desempeñó como asesor en calidad de la Subdirección de Infraestructura del IDU. Fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado agravado y cohecho propio. Acepto los cargos formulados por la Fiscalía.

– M. Mafioly Cantillo, director de interventoría. Imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado, prevaricato por acción, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. No aceptó los cargos.

– J.C. Montaño Forero, coordinador de interventoría. Imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado agravado, prevaricato por acción, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. No aceptó los cargos.

– T. Pachón Sánchez, contratista de obra. Imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado agravado, cohecho por dar u ofrecer. Aceptó el delito de cohecho.

En el curso de las audiencias los procesados se comprometieron a reparar a las víctimas y devolver los dineros que habrían sido apropiados ilegalmente. Ante estos hechos, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de domicilio para los cuatro investigados.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.