La Corte Suprema «firmó» la paz con el Ejecutivo. Pero, ¿Su paz interna que?.

La luna de miel que por estos días viven la Corte Suprema de Justicia y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tapado, por ahora, las serias fisuras en el interior de la entidad de justicia.

Cuando ha cambiado el discurso del Ejecutivo, que se han zanjado las diferencias y se ha restituido el diálogo entre ambos poderes, es claro que es esa Corporación la que se debe poner a paz y salvo con ella misma y con el país.

Analistas y ex magistrados creen que el alto tribunal tiene una lista de pendientes que, de no resolverse pronto, pondrían a tambalear facultades y prerrogativas que le otorgó la Constitución de 1991.

Entre ellas las de proponer aspirantes a magistrados de la Corte Constitucional, a Contralor, Procurador y elección de Fiscal General, consignadas en los artículos 239, 267, 276 y 249, respectivamente.

A esta lista se suma la posibilidad, remota, pero que se rumora, de abrir caminos distintos para escoger magistrados de la propia Corte Suprema.

“Eso hay que analizarlo”, dijo no muy convencido Jaime Arrubla, presidente (e) del máximo tribunal de la justicia ordinaria, ante las versiones que hablan de perder dichas facultades; aunque dejo abierta la puerta para que, en caso tal, sólo queden vigentes las tareas que tienen que ver con la cuestión judicial, rechazó de tajo las manifestaciones que hablan también de terminarlas, pues las calificó como “súper esenciales”.

“Hay que mirar cuáles fueron las funciones que el constituyente les puso a las ramas del poder público y que no son principales. Cada rama ejerce sus labores, pero también colabora de manera armónica con otras”, dijo Arrubla.

“Lo que importa es el propósito común de jalonar la tarea del Estado y de la Justicia para que sea administrada mejor”, añadió el Presidente encargado de la Corte Suprema.

Dudas y suspicacias

Justamente, tras el éxito de esa reunión, son muchos los interrogantes que se empiezan a generar. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que apenas el jueves en Cartagena, y ya con el tiempo cumplido, lograron escoger el nombre de Hernán Mazo, ex contralor de Antioquia, como su candidato a suceder al contralor general de la República, Julio César Turbay.

Mazo entró, por esa demora, con una clara desventaja frente a sus contendores: Sandra Morelli y Alberto Rojas, nominados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respectivamente el 11 y 13 de mayo pasados. Mientras Morelli y Rojas han contado con tres meses para sus campañas, el candidato de la Corte tendrá menos de una semana para hacerlo.

Algo peor ocurre con la elección del sucesor del Fiscal General. Pese a que se han dispuesto seis nombres para suceder a Mario Iguarán, han pasado 13 meses y ninguno de los aspirantes ha logrado los 16 votos requeridos para ser el ungido. Se mantiene pétreo un bloque de seis juristas que se empeñan en obstruir la referida escogencia, con sus votos en blanco.

Esta mora ha llevado, incluso, a que se rumore sobre un tráfico de influencias al que se estaría recurriendo para inclinar la balanza en favor de alguno de los aspirantes, como lo denunció el magistrado Luis Javier Osorio. Versión que no es muy clara y que fija un lunar más en el panorama de la Corte.

Qué no decir del reemplazo de la hoy ex magistrada de la Sala Laboral Isaura Vargas, quien abandonó la Corte hace más de un año, sin que ninguno de los 15 nombres propuestos desde mayo del 2009 por el Consejo Superior de la Judicatura haya logrado una mayoría.

Fenómeno preocupante si se tiene en cuenta que en los próximos meses culminan su periodo cuatro magistrados. La duda, precisamente, es que con cuatro votos menos se dificulta aún más las votaciones.

A la cadena de infructuosas elecciones se suma la del propio Presidente de esa corporación. En julio se completaron seis meses sin que se haya escogido el titular, contando con aspirantes como Jaime Arrubla (presidente encargado) y Pedro Octavio Munar, ambos de la Sala Civil.

Hora de ponerse al día

La excusa que para muchos significaba la confrontación con el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe ya no está vigente, por lo que la dilación en estos aspectos empieza a causar suspicacias.

Marcela Prieto, directora de Elección Visible y quien ha respaldado en más de una oportunidad el papel de la Corte Suprema, es hoy una de las más duras críticas al ambiente en la corporación.

“Ya es importante dar el paso”, dice Prieto, al llamar la atención sobre los escrutinios internos y asegurar que el año que ha pasado sin elegir Fiscal está afectando la institucionalidad.

Su opinión va más allá. Dice que así como la Corte pide respeto por su labor en la Rama Judicial, también debe mostrar voluntad de cumplir las funciones que le corresponden.

La nominación “sobre el tiempo” de su candidato a Contralor -afirma- retrasa las decisiones de otros órganos, o los deja en imposibilidad de conocer mejor a cada uno de los aspirantes. “Esto está dejando ver una ineficiencia muy grande, que además está haciendo inevitable las sombras y evidencia el carácter político que estarían tomando estas decisiones”.

De manera similar se expresó el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien a pesar de considerar que la Corte Suprema ha cumplido sus labores, sí debe repensar la manera para salir de la mora en que está.

Frente a las propuestas relacionadas con el recorte de facultades, Hernández Galindo considera que “la Corte debe empeñarse en hacer las designaciones que le corresponden a la brevedad posible para evitar suspicacias”.

Cada uno de estos temas estará sobre la llamada Mesa de la Justicia, creada por el Gobierno Nacional y en la que se concertará la reforma que se llevará al Congreso. Amanecerá y veremos si es consensuada, como tanto se afirma.

Posibles sucesores de magistrados

Entre los candidatos a suceder a Yesid Ramírez están la ‘fiscal de hierro’ Ángela María Buitrago (encargada del caso del Palacio de Justicia), el abogado Hugo Quintero (defensor de Yesid Ramírez ante las acusaciones del ex presidente Álvaro Uribe) y el coordinador de la parapolítica Iván Velásquez.

Para reemplazar al magistrado Eduardo López se inscribieron Francisco Rafael Ostau de Lafont (familiar del ex presidente del Consejo de Estado Rafael Ostau de Laffont) y el abogado Jorge Mauricio Burgos.

Como reemplazo del magistrado Luis Javier Osorio, denunciante de los ofrecimientos para favorecer a la aspirante a Fiscal Margarita Cabello, están: Margarita Márquez, John Jairo Acosta y Diego Roberto Montoya.

Entre los aspirantes a reemplazar a César Julio Valencia, reconocido por los enfrentamientos con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y a quién éste último denunció por injuria y calumnia, figuran el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Marco Antonio Álvarez y Liana Aida Lizarazo.

Por: Miguel André Garrido,

Vía ElPaís.com.co