¿Ituango en el ojo de quién?

Esta semana de fin de julio, se inició con más de 4.000 campesinos desplazados, hacinados en el casco urbano de Ituango, provenientes de corregimientos y veredas, luego de ser amedrentados por estructuras delincuenciales que simplemente lanzan al aire una amenaza de evacuación de las parcelas y minifundios, y que los pobladores acatan de inmediato. No hacerlo, es colocar la vida a disposición de los fusiles ilegales. Nadie por cuenta propia abandona sus tierras, animales y enseres, a sabiendas de que las amenazas son reales y que nadie aparecerá para brindar apoyo o socorro.

El Estado no existe en esos lugares lejanos, o no tan lejanos, como instrumento de protección y favorecimiento de la población; solo es percibido cuando reprime a los pobladores por auxiliar supuestamente a la subversión o por participar en la cadena de producción y comercialización de la hoja coca, lo único disponible para sembrar, con compradores asegurados y con pago de contado cada tres o cuatro meses, en la puerta del rancho. La yuca habría que trasladarla a lomo de mula por trochas imposibles, con el máximo riesgo y ninguna garantía. Es una simple relación de costo beneficio, muy fácil de hacer, sin requerir ningún esfuerzo académico.

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Más de 4.000 personas con mochilas con algunas prendas y pocos alimentos, agobiados por las tajantes advertencias y por lo que tuvieron que dejar atrás, no han merecido algún despliegue oficial desde el gobierno central, de tipo humanitario o de ejercicio de la autoridad para hacer valer el territorio.

Hoy los medios de comunicación están más concentrados en los exmilitares involucrados en el asesinato del presidente de Haití o de los que participaron en el atentado a la unidad militar de Cúcuta o contra el helicóptero del presidente Duque, tal como antes lo estuvieron de los vándalos con uniforme o sin uniforme de la policía y otros desadaptados, con tal de estigmatizar la justeza del estallido social, con rostro juvenil, que alcanzó a poner en aprietos al conjunto de la institucionalidad.

Es la continuidad del mismo drama del 90% de las víctimas del conflicto armado colombiano, flagelados por el desplazamiento, la modalidad victimizante más recurrida en la historia de décadas de violencia generalizada e indiscriminada en el país. Detrás del desplazamiento ha habido una reforma agraria en curso para acrecentar la propiedad de la tierra en cada vez más pocas manos.

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El bandido armado, no importa la sigla en el uniforme, se paraba en la puerta del terruño para exigir su entrega a las buenas o a las malas, con unas cuantas horas para desocupar. Regresar después, para intentar recuperar lo usurpado, era jugar con la vida.

Lo mismo que intentar la restitución de las tierras arrebatadas a través de las oficinas públicas instauradas para ello o de servidores que solo tienen como defensa un chaleco de la Unidad de restitución de tierras, tal como ocurrió con los cuatro miembros de la comisión de restitución en el Meta, desaparecidos desde el 27 de mayo y luego encontrados muertos, mientras desarrollaban una labor riesgosa, sin protección alguna.

Ituango hace recordar que, en 200 años de vida republicana, el Estado sigue siendo una entelequia como instrumento de cohesión de la sociedad colombiana y vigente solo para conservar un statu quo al servicio de unos cuantos y muy lejano de las necesidades de muchos.

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